La decisión fue producto de una intensa y prolongada polémica de ocho años que se zanjó con la postura de la mayoría de los magistrados del STF (la Corte Suprema brasileña) en favor de que se ejecuten las penas, aun en los casos de doce reos que deberán ser juzgados nuevamente por uno de los varios delitos por los que fueron condenados, pero que tienen condena firme por otros.
Entre esos se encuentra la exmano derecha de Lula da Silva, el exjefe de Gabinete José Dirceu, sentenciado a diez años y diez meses -aunque esa pena puede ser reducida según el resultado de un nuevo juicio-; el expresidente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) José Genoíno, y el extesorero de la agrupación Delúbio Soares. Como los años de condena por corrupción activa son inferiores a ocho, no tendrán prisión permanente y pueden acceder a un régimen de cárcel semiabierto.
Con la decisión adoptada ayer, el Supremo Tribunal acogió parcialmente un pedido hecho la víspera por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que se ejecutaran las penas de aquellos reos que ya tuvieran condenas firmes.
Tras decidir sobre ese delicado asunto, los jueces deberán librar las correspondientes órdenes de captura y decidir las cárceles en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.
El primer detenido ayer fue el exdirector del Banco de Brasil, Henrique Pizzolato. Condenado a un sistema privado, deberá cumplir una sexta parte de su pena de 12 años y 7 meses.
La decisión no afecta a Joao Claudio Genú, exasesor político y al empresario Breno Fischberg, quienes fueron condenados por un delito por el que serán juzgados nuevamente igual que otros diez reos, según una sentencia anterior de la Corte.
Tampoco alcanza al expresidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, del PT, de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff, a quien ayer se le aceptó una apelación sobre la sanción pecuniaria que le aplicó el tribunal.
El "mensalao", también llamado "juicio del siglo", enjuicio y condenó a la cúpula del PT por una red de corrupción tejida en 2002, cuando Lula da Silva ganó por primera vez las elecciones. El máximo tribunal consideró probado que sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al Gobierno la mayoría legislativa que las urnas le habían negado.
La corrupción política fue uno de los temas que más movilizaron a millones de brasileños en las masivas protestas de junio. La decisión del STF apunta a satisfacer las demandas de justicia y constituye un golpe político severo para el PT y para Rousseff, a quien se suele criticar por sus alianzas políticas.
| Agencia EFE, y Ámbito Financiero |
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