Corte: fondos en la agenda de hoy

Ricardo Lorenzetti

El acuerdo de ministros que tendrá lugar hoy en la Corte Suprema se verá dominado, casi con exclusividad, por cuestiones de índole financiera. Conversaciones obligatorias a la espera de la autorización de Jorge Capitanich para otorgar el último incremento salarial del año para todos los empleados del Poder Judicial. Los números que circularon ayer por la tarde en el cuarto piso de la calle Talcahuano son inquietantes: el Consejo de la Magistratura (que administra los fondos de todo el Poder Judicial, a excepción de los de la Corte) ya le debe al máximo tribunal alrededor de 819 millones de pesos, de los cuales 570 pertenecen al fondo anticíclico.

Los fondos de la Magistratura se agotaron hace semanas. Los 570 millones de pesos se utilizaron integralmente para gastos. El monto restante de la deuda se direccionó a tres oficinas que supieron estar bajo la órbita del Consejo, pero luego se traspasaron, en el año 2008, a la Corte. Se trata del Archivo, la oficina de Notificaciones y la oficina de Subastas. Estas dos últimas son ámbitos clave que la Corte capturó a fin de evitar su colapso e interrumpir ciertas prácticas no bien vistas que allí tenían lugar, especialmente en la dependencia a cargo del remate de los bienes retenidos por la Justicia.

El gremio de empleados judiciales que conduce el moyanista Julio Piumato ya ajusta un paro a nivel nacional para este viernes. Hasta ayer por la tarde Ricardo Lorenzetti no tenía novedades de la oficina del jefe de Gabinete, quien el jueves pasado visitó a los justices y prometió resolver los asuntos más urgentes. Desde el gremio de Piumatto manejan el peor de los escenarios y creen que el último aumento del 10% podría no llegar nunca.

Pero la Corte goza de ciertas facultades implícitas que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, utilizar ese recurso constitucional que parte del precepto de que la Corte como cabeza del Poder Judicial puede interpretar la norma máxima y decidir, mediante una acordada, autoasignarse los recursos. Posibilidad que en el Ministerio de Economía suele ser respondida con el hecho de que según la Constitución, esos fondos deben ser administrados por el Consejo de la Magistratura.