Acorralado por la dramática crisis financiera y política, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció un paquete de medidas que apuntan a "optimizar y racionalizar el gasto político", entre las que se cuentan que los asesores de gobierno "trabajarán ad honorem" y que habrá un "estricto control del gasto y del uso de vehículos oficiales".
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Además, adelantó que "se reducirá al máximo el alquiler de viviendas para funcionarios, se restringirán las líneas de telefonía celular, horas cátedra, horas extras y de guardia".
El anuncio intenta ser un "gesto político" que, según dijo Arcioni, "ayudará a reducir el déficit fiscal creciente que tiene la provincia" y que "obligó al estado de este distrito a pagar los sueldos de los empleados de manera escalonada y por categorías".
Chubut tiene en promedio un ingreso mensual en todo concepto de aproximadamente $1.300 millones de pesos y debe contar con $1.800 millones para pagar los sueldos de los empleados públicos.
El déficit es mayor si se suman los gastos de funcionamiento del Estado, lo que lleva a la provincia a recurrir a Letras y bonos para financiarse.
El febrero, en medio de los tironeos legislativos para sancionar el Pacto Fiscal y el riesgo de la entrada en default de la provincia, Arcioni debió enfrentar la renuncia del gabinete económico. Y cuando aún no se había recuperado del cimbronazo, la Justicia avanzó con la orden de detención de varios de sus funcionarios por una causa de presunta asociación y enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. Todos los involucrados se encuentran detenidos con prisión preventiva.
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