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Crisis en la AGN: el kirchnerismo desplazó a Despouy. UCR se resiste
Los radicales Laura Montero, Gerardo Morales, Mario Barletta, Leandro Despouy, Luis Naidenoff y Victoria Donda, por el FAP, resistieron ayer el desplazamiento del auditor.
Los radicales, en medio de un escándalo con protestas que continuaron después en una conferencia de prensa en el Comité Nacional partidario, rechazaron la argumentación y anunciaron que Despouy se mantendrá en el cargo desconociendo la interpretación del oficialismo.
En realidad el kirchnerismo en ningún momento pudo hacerse del control de la AGN, organismo que la Constitución pone en manos del primer partido de la oposición. La maniobra de ayer liderada por Ríos más bien apunta a complicarle el mandato a Despouy, poner en un brete al radicalismo y vaciar de legalidad los dictámenes emitidos durante el período en el que alegan que la auditoría no tuvo una presidencia regular. Entre esos dictámenes, que los recintos de Diputados y el Senado aún no debatieron está el que la AGN hizo a TBA antes de la tragedia de Once y que contiene prueba concluyente sobre las deficiencias en el mantenimiento de trenes y otra sobre el aporte de fondos públicos a la organización Tupac Amaru de Milagro Sala, tema que alimentó el jujeño Gerardo Morales: «Ellos quieren invalidar los informes de auditoría de TBA», dijo.
Los radicales, por lo tanto, ayer no procedieron a ratificar por carta, como pidió la oposición, a Despouy y mucho menos a nombrar a un sucesor ya que de hacerlo estarían reconociendo que existió un período entre el 2010, cuando vencieron los primeros 8 años del mandato de Despouy y la actualidad en que los dictámenes emitidos podrían ser cuestionados. «Estoy resistiendo un golpe de Estado», decía anoche Despouy.
Ríos actuó ayer con la venia de algunos oficialistas de la comisión. Pero quedó en claro que la decisión de avanzar sobre Despouy no era conocida ni siquiera en la mayoría de los despachos de la Casa Rosada. De hecho, el radical Ernesto Sanz hizo consultas para saber hasta qué punto el Gobierno estaba involucrado en la destitución a la fuerza de Despouy y no tuvo confirmación de que algo así hubiera sucedido.
El kirchnerista le comunicó a Despouy la decisión de declarar caduco su mandato al comienzo de una reuniuón de la Mixta Revisora de Cuentas con el cuerpo de auditores. No sólo se sorprendió la oposición, también el resto de los auditores peronistas, como Oscar Lamberto, que habían sido convocados para analizar el plan de la AGN y la ejecución de auditorías por afuera de las órdenes que emitie la Revisora de Cuentas. Es decir, nadie sabía de antemano la decisión, salvo el grupo de diputados y senadores kirchneristas que habían organizado la estrategia.
«Empezó el 19 de marzo de 2002 y, como son ocho años, venció el 19 de marzo de 2010. No lo reconocemos porque su mandato venció así que para nosotros la auditoría no tiene presidente», le dijo Ríos a Despouy. Cuanto el auditor general quiso hablar le dijeron que al tener caduco el mandato no le correspondía hacer uso de la palabra.
Luego Ríos recordó que no se le desconocía al radicalismo la potestad de nombrar al jefe de la AGN, pero que debía ratificar el nombre para ocupar el cargo. El desconcierto era total. Luis Naidenoff, jefe de la UCR, mostraba la invitación a la reunión donde en ningún momento se anunciaba como agenda el tratamiento de autoridades de la AGN. Morales le dijo a Ríos por lo bajo: «Soy el vicepresidente de la comisión, por lo menos me lo podrías haber adelantado».
Ya afuera Despouy despotricaba: «Si algo ha caracterizado al oficialismo es el hostigamiento permanente a la tarea de control, pero he resistido siempre y voy a seguir resistiendo. Soy el auditor que preside la AGN y lo seguiré siendo mientras la UCR me siga apoyando».
El argumento del oficialismo es que la Ley de Administración Financiera fija un mandato de 8 años para los auditores, plazo que venció en 2010.
El radicalismo argumenta que esa ley es de 1992 y que la Constitución de 1994 que creó la nueva Auditoría modificó esa legislación sin ponerle fin al mandato del auditor general.


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