Cristina reforzó la teoría de una campaña de Bonadio en su contra

Asistió a la indagatoria en el marco de la causa Los Sauces, pero no contestó preguntas. Sostuvo que es víctima de una “persecución judicial y mediática” y tildó de “ridículas” las imputaciones del magistrado.

Exprés. En veinte minutos, la expresidente pasó por el cuarto piso de Comodoro Py, dejó un escrito como respuesta al pedido de indagatoria, ninguneó al juez Claudio Bonadio y reiteró que es víctima de una “persecución judicial sin precedentes”.

Veinte minutos le bastaron a Cristina Fernández de Kirchner para cumplir con el trámite judicial de su indagatoria en el marco de la causa Los Sauces, presentando un escrito; ningunear -una vez más- al juez Claudio Bonadio, a quien acusó de haberle formulado una "descabellada imputación" en su contra y dejar en claro que se siente objeto de una "persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país".

La expresidente Cristina de Kirchner llegó al cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002 donde se encuentra el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 acompañada de su abogado, Carlos Beraldi, y dijo a viva voz que no iba a contestar preguntas.

Sin embargo, mantuvo un breve intercambio de palabras con el secretario judicial, al momento de dar por iniciada formalmente la indagatoria. Cuando se le anunció que iban a leerle los derechos, Cristina ironizó: "Ah, entonces ¿tengo derechos?". Al ser consultada sobre con quién vive, CFK respondió: "Vivo sola, con mi perra Lolita". Y cuando le preguntaron a cuánto ascendían sus ingresos como expresidente, respondió sarcástica: "Pregúntele a Bonadio, que me la embargó", en referencia a la decisión del juez de inhibirle los bienes en el marco de la causa "dólar futuro", por la que se encuentra procesada.

En el escrito presentado, la expresidente puntualizó:

"Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia, en especial, a esta última".

"Los contratos de alquiler pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa. Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario".

"Además, tanto quienes pagan estos contratos como quienes reciben el dinero abonan los impuestos correspondientes y los incluyen en sus respectivas declaraciones juradas ante los organismos de control, los cuales corroboran la licitud del origen y el movimiento de los fondos".

"Al avasallamiento de derechos y garantías individuales que consagra la Constitución Nacional, se le suma algo tampoco nunca visto durante el período democrático: la persecución de los hijos de los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner".

"De manera coherente con aquellos antecedentes, en el año 2006 se constituyó Los Sauces S.A. Se trata de una típica sociedad familiar y en sus orígenes el Dr. Néstor Carlos Kirchner poseía el 45% del capital accionario, la suscripta otro 45% y nuestro hijo Máximo el 10% restante (por aquel entonces, Florencia Kirchner tenía sólo 16 años). En la actualidad, mis hijos Máximo y Florencia son titulares en partes iguales de todo el capital social (50% cada uno)".

"Todos los contratos de alquiler son genuinos y absolutamente lícitos. Se trata de inmuebles que existen, inquilinos que existen y pagos que se corresponden con los importes facturados, los cuales se realizan en el 100% de los casos mediante instrumentos bancarios. No existe en la causa, aunque pretendan ocultarlo, un solo pago que se efectuara por estos contratos que hubiese ingresado sin su correspondiente factura".

Cumplida la declaración, Bonadio quedó en condiciones de poder resolver la situación procesal de los involucrados, sospechados de haber formado parte de una organización desde marzo de 2003 hasta diciembre de 2015 para dar figura lícita a dinero que recibían en supuestos "retornos" de los negocios de obra pública concedidos a Lázaro Báez.