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"Deben resolverse las sospechas sobre Milani"
Durante décadas soñó con ver los ojos de su sobrino. Sólo sabía que Guido, el hijo de su hermana desaparecida, Laura, llevaba el nombre del padre de ella y de su hermano mayor. El martes pasado la sede de Abuelas hervía de emoción. Remo Carlotto sostenía por los hombros a su madre, haciéndole paso en la sala en la que Estela daría una conferencia de prensa ansiada durante 36 años. Días antes, Viernes había mantenido una entrevista con este diputado nacional por el oficialismo. Después del anuncio de la restitución de Guido, el diálogo pudo ser completado.

V.: ¿Cómo imaginaron el encuentro?
R.C.: Somos una familia numerosa, con muchos miembros. Siempre estuvo con nosotros. Siempre pensamos cómo sería el día en que lo tuviéramos en nuestra mesa. Gracias a los estudios del Banco de Datos Genéticos (BNDG), no sólo identificaron a Guido sino también a su padre, Wilmar Oscar Montoya. Laura lo conoció cuando estaban en la clandestinidad. Desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad investigamos porque decíamos que si no sabíamos el nombre del padre, no le íbamos a poder devolver a Guido su identidad. Así que esto es una compensación doble para nosotros.
V.: En los últimos tiempos, se criticó mucho el traspaso del BNDG a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El tema fue fogoneado por el Grupo Clarín, pero también criticado por militantes de derechos humanos como María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas. ¿Cómo toma esas críticas?
R.C.: El BNDG fue creado en 1987 y en ese momento no existía la autonomía de la Ciudad. Así que el BNDG quedó en una situación híbrida. Lo que se hizo fue ordenar eso y ponerlo en una órbita nacional. Ordena su funcionamiento y, por otro lado, pega un salto en cuanto a su capacidad técnica porque se han incorporado nuevos equipamientos, recursos. Puede haber temores por parte de algún integrante, pero consideramos que están dadas todas las garantías para la preservación y la potenciación del banco.
V.: ¿Ustedes tomaron la cobertura que dio el Grupo Clarín al tema como una reacción al caso Noble Herrera?
R.C.: Yo personalmente lo veo así. Quien fue directora del BNDG se convirtió en perito de parte de la señora Ernestina Herrera de Noble (en el juicio por la identidad de Marcela y Felipe). Ellos buscaban tener información acerca de cuáles eran los grupos familiares que estaban asentados en el banco. La causa (de Marcela y Felipe) no se cerró porque se espera que existan nuevas pruebas. La gran disputa pasó por la eliminación o el resguardo de las muestras genéticas en el banco. Cuando comprobaron que no estaban las muestras, accedieron a hacerse los análisis. Sigue existiendo para nosotros una fuerte sospecha de que pudieran ser hijos de desaparecidos.
V.: Se habló de una computadora que faltaba
R.C.: Durante diez años hubo resistencia a hacerse los análisis, pero se avinieron después de que la doctora Ana María Di Lonardo se convirtiera en perito de parte. Si sustrajo información, eso tiene que ser investigado por la Justicia. En los últimos tiempos, el diario La Nación también ha caracterizado a los condenados por crímenes de lesa humanidad como presos políticos.
V.: ¿Se toma como otro frente mediático abierto?
R.C.: Un referente mío, padre de una víctima de la Noche de los Lápices, me decía que había que leer los diarios de los sectores que eran afines a la acción criminal del Estado, como el diario La Nación, para comprender cuál era el pensamiento que sustentaba esa acción. Es que hacen propia la acción de aquellos que cometieron los crímenes más aberrantes de la historia contemporánea. Hay un nuevo paso que está dando la Justicia que es la investigación de las responsabilidades de los civiles, como los casos de Pedro Carlos Blaquier (Ledesma), Vicente Massot (La Nueva Provincia) o Papel Prensa. Creo que eso es lo que más preocupa.
V.: ¿Le preocupa qué va a pasar con los juicios el año próximo con el fin del mandato kirchnerista?
R.C.: Hay expectativas de algunos genocidas que están en el banquillo, que dicen que en 2015 esto se acaba. Presentamos un proyecto con el diputado Horacio Pietragalla, sosteniendo que estos crímenes no son amnistiables ni indultables, como ya lo estableció la Corte. Sí nos preocupa la decisión política de no estar detrás de esos juicios, como hoy está el Estado nacional. Durante 18 años, los organismos de derechos humanos lucharon contra las leyes de impunidad y van a seguir luchando hasta que el último de los responsables esté tras las rejas. La Presidente planteó que quería que los juicios terminaran en 2015. Nosotros buscamos que las partes más emblemáticas se sustancien en ese período. Este período histórico se va a cerrar en el marco pleno del ejercicio de la justicia.
V.: Los juicios por apropiación de menores van a tener que seguir inevitablemente y se abrirán si aparecen nuevos nietos.
R.C.: Esos delitos no quedaron contenidos en la Ley de Obediencia Debida. Creo que se va a seguir sosteniendo la búsqueda de los niños porque es un acto criminal que se sigue perpetrando y se traslada a las próximas generaciones. Hoy los nietos de los desaparecidos también son víctimas de la modificación de su identidad.
V.: ¿Tiene la impresión de que después de las elecciones legislativas del año pasado la discusión se centró en la represión del delito, pero no en sus causas?
R.C.: Hay una gran demagogia por algunos actores de la oposición. Son mensajes peligrosos cuando alguien dice "acá hay impunidad". Hemos tenido algunos que decían "ojo por ojo" o a Carlos Ruckauf (exgobernador de la provincia de Buenos Aires) que decía que "hay que meter bala" o el propio ministro Alejandro Granados que planteó que en cada vehículo podía haber un sospechoso. Son todas miradas que elevan la espiral de violencia en nuestra población.
V.: ¿Le gusta César Milani para comandar el Ejército?
R.C.: Supongo que tendrá cualidades para estar en ese cargo si lo designó el Poder Ejecutivo. La Justicia debe con celeridad clarificar si existieron responsabilidades. Si existieron, tiene que ser apartado de la fuerza. No puede servir para invalidar toda la política de derechos humanos del Gobierno.
V.: El excanciller y actual legislador kirchnerista Jorge Taiana dijo que él no habría acompañado el pliego de Milani si hubiera estado en el Senado el año pasado. ¿Qué habría hecho usted?
R.C.: Yo creo que si existe una sospecha, tiene que abrirse un paréntesis. Debe resolverse y después aprobarse. No ha sido la determinación y yo respeto la aprobación del Senado. Esto no puede perpetuarse en el tiempo y tiene que clarificarse por parte de la Justicia. No todos los militares estuvieron vinculados a acciones criminales pese a haber estado destinados a lugares donde éstas sí sucedieron.
V.: En todo caso, Milani tendrá que decir qué vio, qué supo.
R.C.: Sin dudas. Acá es central la celeridad y la transparencia. Yo siempre mantuve el criterio que frente a la sospecha no debían asumir. De hecho, lo hicimos aquí frente al intento de asumir de Luis Patti, que después la Justicia comprobó y hoy está cumpliendo prisión perpetua.
@lucianabertoia
BIO
La Plata, 21 de diciembre de 1962
Estudios: Técnico Químico, La Plata
Trabajo: Desde 2009 es diputado por la provincia de Buenos Aires. Fue secretario de Derechos Humanos de la provincia durante la gestión de Felipe
Solá. Coordinó la CONADI y equipos de investigación en Abuelas y en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Rutina informativa: Clarín, Página/12, La Nación, Infobae, El Día y Diagonales


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