Demandas de nueva CGT a Abal Medina

La CGT oficialista visitará mañana al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con la mochila de varias demandas incumplidas y el alivio de haber frenado una resolución que, según denuncian, afectaba las obras sociales sindicales. El eje será la demorada respuesta ante el reclamo de un cambio en el Impuesto a las Ganancias, aunque también habrá en carpeta pedidos por asignaciones familiares y el dinero que les reconoce a los gremios el PAMI por la atención de los jubilados.

El planteo de una audiencia con Abal Medina surgió la semana pasada durante la primera reunión del Consejo Directivo de la nueva central obrera, con el metalúrgico Antonio Caló al frente. Ese encuentro estuvo marcado por la tensión: los dirigentes rumiaron su bronca contra la resolución 1200 de la Superintendencia de Servicios de Salud que ponía un cepo mayor sobre los fondos que el Ejecutivo debe destinar para las obras sociales. El viernes pasado la superintendente, Liliana Korenfeld, los recibió y les anunció la suspensión hasta noviembre de esa resolución.

Los grupos que integran la nueva CGT desconfían del Gobierno. Montaron una central paralela a la de Hugo Moyano, y con la mayoría de los sindicatos, con el alegado propósito de abrir canales de diálogo y agilizar medidas que Cristina de Kirchner no estaba dispuesta a concederle al camionero. Pero hasta ahora, nada de eso sucedió.

En el Consejo Directivo de la semana pasada repasaron los últimos anuncios ligados a los gremios: un subsidio por 2.000 millones de pesos para las obras sociales que hasta ahora no comenzó a liquidarse, y que fue estructurado con criterios de discrecionalidad. Ese monto, además, representa una renuncia implícita a una deuda mucho mayor que los sindicatos afirman que el Estado mantiene con sus organizaciones de salud, por más de 15 mil millones de pesos.

También dieron a conocer su malestar por la última suba del 25,9% de las asignaciones familiares. El incremento introdujo otras modificaciones que afectaban a una parte de los beneficiarios, que corrían el riesgo de percibir menos que los últimos meses. El director ejecutivo de la ANSES prometió modificar la norma y garantizó que ningún beneficiario pasará a cobrar menos, pero la medida hasta ahora no fue publicada. Además, desde ambas CGT reclaman la universalización del pago.

El otro eje de los planteos a Abal Medina también tiene que ver con las obras sociales. En la actualidad, y desde hace más de dos años, el Estado les reconoce una cápita de 180 pesos por la atención de cada jubilado propio que opta por atenderse con una obra social. En la CGT oficialista explicaron que el costo de sostener la atención de cada beneficiario oscila en los 600 pesos, es decir más de tres veces el monto aportado por el Ejecutivo.