Denuncia, revocatoria y suspensión de cautelar de Gobierno, a febrero

Envalentonada, CABA apuntó a funcionarios por no cumplir el giro de fondos; Ejecutivo oficializó depósito de bonos y a la Corte le pidió que se excuse, revise su fallo y mientras tanto lo suspenda. Nada se mueve, como adelantó Ámbito.

La procuración General de la Ciudad de Buenos Aires denunció ayer penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia de la resolución de la Corte Suprema que ordenó restituir al Gobierno porteño los fondos recortados de la coparticipación. La denuncia se suma así a otras similares radicadas por legisladores de la oposición. Todas quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que delegó el caso en el fiscal Ramiro González. Mientras tanto, el Gobierno nacional reclamó al máximo tribunal que suspenda los efectos de su propio fallo y a través de un escrito ingresado por el apoderado, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini que los jueces firmantes de la cautelar se excusen o se aparten. Sumado a eso, solicitó la revocatoria.

Ninguna de estas cuestiones será tratada en las próximas 48 horas, lapso que resta hasta que finalice 2022 en materia judicial. Todo será tratado recién a partir de febrero, cuando se reanude la actividad pos feria judicial.

Bien temprano, la denuncia interpuesta por parte de las autoridades porteñas alcanzó a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación y a los responsables del Banco Nación. El gobierno porteño consideró que el Ministerio de Economía de la Nación recibió la notificación de la Corte, “medida que debió efectivizarse a partir del 22-12-2022”.

“No se ha cumplido lo resuelto por la Corte ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora”, advierte la denuncia. El gobierno nacional debía depositar a favor de la administración porteña el 2,95% de la coparticipación federal, de acuerdo a la orden de la Corte dispuesta en un medida cautelar. La Corte aún no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Esto es que la ley que ahora está suspendida y que redujo el porcentaje se declare o no inconstitucional.

El lunes, el presidente Alberto Fernandez aseguró que cumplirá la resolución y dispuso el pago en bonos. A la vez, convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso prevea en una nueva ley la partida necesaria para cumplir con la decisión judicial. Ayer, se confirmó que habían depositado bonos TX31 tal como se había anunciado. El Procurador señaló que los recursos de la coparticipación “son extra presupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.

Argumentos

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado en uno de los escritos. “Así, la Corte desconoce (más allá de que lo haga “cautelarmente”) las atribuciones constitucionales del Poder Administrador y del Poder Legislativo”, añadió.

También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”. El pedido de revocatoria advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro para cumplir con la compensación (...) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”. Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa” y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios”.

“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno. Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.