1 de abril 2014 - 00:00

Derechos humanos, la mayor cuenta pendiente de Dilma

En un acto en el Palacio del Planalto, Dilma Rousseff afirmó que hace 50 años Brasil “dejó de ser un país de instituciones democráticas” y se inició un período en el que “nuestra libertad fue callada”.
En un acto en el Palacio del Planalto, Dilma Rousseff afirmó que hace 50 años Brasil “dejó de ser un país de instituciones democráticas” y se inició un período en el que “nuestra libertad fue callada”.
La obtención de justicia y reparación de las víctimas de la última dictadura brasileña sigue siendo una cuenta pendiente de los gobiernos democráticos del país, cuyos tímidos intentos, como la Comisión de la Verdad instaurada por la presidenta Dilma Rousseff, están limitados por una ley de amnistía considerada ilegal por organismos internacionales de derechos humanos.

Al cumplirse hoy 50 años del golpe de Estado que inició el camino de represión y violencia en Sudamérica durante las décadas del 70 y de los 80, el balance de los intentos de revisar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen militar es cuando menos pobre. No existe siquiera una cifra oficial de muertos y desaparecidos -los movimientos sociales denuncian 1.000 asesinados, 400 desaparecidos y 90.000 víctimas de la tortura, una práctica que aún hoy mantienen las fuerzas policiales- y los responsables del terrorismo de Estado no fueron juzgados por la vigencia de la ley de amnistía, que también alcanzó a los miembros de grupos armados, firmada en pleno proceso militar (1979) y apoyada por un Congreso donde un tercio de los legisladores habían sido designados por los militares.

"El balance es completamente negativo. La dictadura brasileña fue sin dudas una de las más perniciosas de América Latina. Internamente persiguió, torturó y desapareció a personas que estaban bajo la protección del Estado brasileño sin dar informaciones al respecto hasta la actualidad", dijo a Ámbito Financiero el presidente del Instituto Goulart, Joao Vicente Goulart, hijo del derrocado presidente quien, según nuevas hipótesis, habría sido asesinado en la Argentina en su exilio. "Hasta hoy los militares controlan milimétricamente los avances", agregó.

La presión de las Fuerzas Armadas para limitar las tareas de la Comisión de la Verdad fue denunciada por sus propios integrantes ante los oídos sordos del Gobierno de Rousseff que, como sus antecesores, parece ser parte de una tradición de recordar el pasado aunque sin discutirlo demasiado. "Los actores políticos han seguido el guión concertado con la amnistía: el 'olvido' debería ser recíproco, sin represalias ni revanchismos entre vencedores y vencidos en la guerra sucia. En el contexto histórico amplio de la tradición brasileña de conciliación eso no significa que nuestras elites no luchen, pero sí que se abstienen de llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias; en pocas palabras, la imaginación política brasileña cree que los avances significativos surgen de la negociación", señaló, por su parte, a este diario el analista político y profesor de la Universidad de Brasilia, Paulo Kramer.

Ayer, la presidenta brasileña, en un acto para defender el rescate de la memoria de los crímenes de la última dictadura en el que participaron congresistas y movimientos de derechos humanos, aseguró que "el día exige que nos acordemos y contemos lo que ocurrió. Le debemos eso a todos los que murieron y desaparecieron, a los torturados y a los perseguidos, a sus familias, a todos los brasileños", afirmó Rousseff, quien fue torturada y pasó dos años arrestada por su militancia en una organización guerrillera.

Para muchos, era precisamente ese pasado como víctima del régimen militar el que podía impulsar políticas que pusieran fin a la amnistía para avanzar en el juzgamiento de los represores. Sin embargo, el mayor logro de su administración fue la instauración de una Comisión de la Verdad sin poder de punición. Algunos especulan que, en caso de lograr la reelección en los comicios de octubre, la renovación del respaldo popular le dé una seguridad más amplia para avanzar en el camino de los derechos humanos, reclamado por los sectores de izquierda que conforman la alianza oficialista.

Conveniencia

Kramer es escéptico de que eso ocurra por convicción ideológica sino, acaso, por conveniencia. "Me parece que el movimiento para reabrir la cuestión de la culpa de agentes del régimen por violaciones de los derechos humanos obedece a una táctica política particularmente útil después de que cayó la máscara de pureza ética, de honestidad pública de muchos de sus líderes tras las revelaciones de múltiples escándalos de corrupción", señaló.

A ello se suma otro brete para Rousseff debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a Brasil, al igual que en el caso uruguayo, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben denunciando el carácter ilegal de la amnistía. De mantenerla, el país estaría violando el derecho internacional.

Para Goulart, en tanto, los tiempos de la política no son los de la búsqueda de justicia. "La reelección parece muy factible pero la Comisión Nacional de la Verdad tiene plazo de extinción en diciembre de este año. La esperanza es que traiga la recomendación de la revisión de la ley de amnistía. El Congreso se renovará y esperamos con ansiedad un parlamento con más coraje que pueda cambiar los pocos avances en este asunto tan neurálgico e importante para que Brasil pueda de una vez por todas cicatrizar sus heridas", indicó.

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