Cambiemos y el massismo descartaron los cambios aplicados por la Cámara alta, tras un acuerdo entre el PJ y el kirchnerismo. El proceso tendrá retroactividad. Dudas por futuros planteos de inconstitucionalidad.
Examen. La senadora de la Unión Cívica Radical Pamela Verasay (Mendoza) pasó con creces el cierre del debate sobre extinción de dominio. Lo hizo sin chicanas, con argumentos y dejó bien parado al interbloque de Cambiemos.
Tras semanas de discusiones y sin acuerdos posibles, y luego de la votación realizada en la madrugada de ayer en el Senado para modificar la ley de extinción de dominio, diputados del oficialismo y la oposición noquearon las modificaciones de la Cámara alta y adelantaron que insistirán con la versión original de la iniciativa.
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"La aprobación del Senado sobre extinción de dominio fue un indulto a la corrupción K. Las acciones de este tipo en el mundo fueron diseñadas para atacar la corrupción, no para apañarla y garantizar su impunidad", señaló el filoso diputado Luis Petri (UCR), quien confió a Ámbito Financiero que en la Cámara baja se insistirá con la versión original del proyecto.
De esta manera, el oficialismo se mantiene lejos del acuerdo perpetrado durante la madrugada de ayer en el recinto del Senado entre el peronismo y el kirchnerismo, quienes modificaron el proyecto para convertir la acción de extinción de dominio -que busca recuperar bienes de la corrupción, narcotráfico y lavado, entre otros delitos- en una acción civil pero dentro del proceso penal, y con activación plena tras sentencia en primera instancia.
Al haberse aprobado las modificaciones por mayoría simple, Diputados podrá insistir de manera más fácil con la versión original del proyecto, que fue votado allí en 2016. También representará una ganancia para el exlegislador y serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
"Les enviamos una media sanción de ley de extinción de dominio y nos están devolviendo una ley de decomiso", disparó la jefa del massismo en Diputados, Graciela Camaño, quien además se preguntó: "¿Por qué, si hay un bien que se presupone que fue habido de mala fe, debemos dar garantías constitucionales? ¿Por qué no le podemos dar tratamiento del derecho civil y hacer expeditiva la posibilidad de que el Estado se apropie de ese bien hasta tanto se avance con la causa penal?".
Por su parte, el diputado demócrata Juan Brügge explicó que gatillar una extinción de dominio exclusivamente a la evolución del proceso penal significa un "cumplimiento casi imposible". En esa línea, dejó en claro que "esa instancia puede demorar hasta siete años dependiendo de los niveles de recursos y chicanas que puedan poner los abogados defensores del imputado".
En la madrugada de ayer, Cambiemos dejó en mano de la radical Pamela Verasay (Mendoza) el cierre del debate. "La sociedad nos demanda hacer todo lo que sea necesario para dar un paso adelante, reclama decencia a sus representantes, reclama que devolvamos los derechos que perdió con cada peso que desapareció. Hoy es el día en el que la Argentina pudo haber dicho 'no hay más lugar para la impunidad'", expresó la legisladora, quien pasó el examen con creces.
Si bien Diputados espera avanzar en menos de un mes con la insistencia de la versión original de la ley, en el Senado descartan que habrá planteos de inconstitucionalidad y que la discusión sobre la extinción de dominio terminará con un fallo de la Corte Suprema. También representa un problema para el PJ que en la Cámara baja, que comanda Pablo Kosiner (Salta) y que tendrá que definir si adhiere o no a lo votado en el Senado por Miguel Pichetto.
Para el cristichavismo será mucho más sencillo, ya que en Diputados se opuso y en el Senado se sumó al PJ. Si la cámara baja avala el proyecto original, cualquier fiscal podría iniciar acciones para recuperar bienes a favor del Estado, por ejemplo, en la causa de los "cuadernos-coimas".
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