Una de las discusiones más interesantes de la administración Cambiemos es sobre la política de recursos humanos para el sector público. Así, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en forma periódica informa sobre planes de capacitación, evaluación, remuneración por resultados, etc, cual CEO de una multinacional.
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Sus comentarios suelen causar cierto fastidio y/o ternura entre los especialistas en reforma del Estado. Tal vez podría consultar a Carlos Grosso, asesor, quien en su paso por el Gobierno porteño impulsó una modernización de la administración porteña que se mantuvo hasta la llegada de la dupla Ibarra-Telerman. De haber hecho la consulta, quizás le hubieran informado al ministro que por principio general quien deja el sector público con un retiro que importe indemnización, no puede reingresar por el término de 5 años.
Es el caso de Leandro Chillier, militante de La Cámpora, excompañero de colegio, amigo personal del auditor nacional y expresidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlon, de cuya mano llegó a la gerencia de área de Nación-Seguros, sin expertise en la materia. Allí sobrevivió un año para finalmente acogerse a un retiro voluntario en marzo pasado por el que cobró la mencionada indemnización. Solo un par de semanas después fue designado en la liquidación del viejo Instituto de Reaseguros a instancias del nuevo procurador, Bernardo Saravia Frias, a quien conoció en el Standard Bank. Por estos días, Chillier recuerda más el origen radical de su familia que la estrecha amistad con los hermanos Juan Ignacio y Marcos Forlán y con Sebastián Díaz Bancalari, ninguno demasiado bien recordado por los empleados históricos de la empresa del grupo BNA.
La pregunta es: ¿fue desconocimiento de las normas de empleo estatal, simple picardía o nueva transversalidad?
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