"En este momento, yo, como presidente del Gobierno, creo que tomé una decisión que es la más sensata", afirmó Rajoy a la prensa, reconociendo los fuertes desacuerdos que generó el proyecto en el seno del oficialismo. "Lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro Gobierno la cambia al medio minuto", subrayó.
El mandatario explicó que sólo se modificará uno de los puntos más controvertidos de la ley de 2010, aprobada durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el que permite interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años.
Gran promesa electoral del conservador PP antes de llegar al poder a finales de 2011, la reforma ya había sido aplazada en varias ocasiones por el rechazo que generó no sólo en la oposición y organizaciones sociales sino sobre todo en el interior del oficialismo donde amplios sectores la consideraban innecesaria. De acuerdo con sondeos, sólo el 39% de los simpatizantes del PP la apoyaban.
Desautorizado, el responsable del texto reformista, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de 55 años, representante del ala más conservadora del partido, presentó su renuncia, al cargo y a la política tras 30 años de carrera. "Es mi obligación reconocer que no tuve la capacidad para convertir este anteproyecto de ley en proyecto", afirmó.
Su propuesta no sólo pretendía acabar con los plazos vigentes para abortar, que permiten a la mujer interrumpir el embarazo hasta la semana 14 sin tener que alegar motivos. También iba a desterrar la malformación del feto de los supuestos del aborto legal. Sólo autorizaba a abortar en dos casos: cuando dos médicos certificasen un peligro para la vida o la salud de la madre, o en caso de violación siempre que hubiese una denuncia previa.
A ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo en España, seguir adelante con una ley más dura que la que España tenía hace 30 años era peligroso, teniendo en cuenta que el PP abarca un espectro político que va desde el centro hasta la extrema derecha.
"Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo", había afirmado uno de los barones del partido, José Antonio Monago, presidente de la región de Extremadura.
Sin embargo, Rajoy con su decisión perdió el apoyo de los votantes más conservadores, quienes ya habían advertido al presidente que sin reforma no habría votos y que ya estaban desencantados con el Gobierno por la que consideraron una inacción ante la decisión de la Justicia europea de reducir las penas de los etarras.
La primera reacción de rechazo fue de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que calificó la retirada de la reforma como "electoralista" y recordó al jefe de Estado que peca de "falta de coherencia".
"Vamos a hacer todo lo posible para que Rajoy sufra de esta decisión", afirmó Nicolás de Cárdenas, portavoz del grupo antiabortista Hazte Oír. "Los voté y me engañaron. ¿Por qué lo frenan ahora? ¿Por motivos electorales, para ganar votos? Es desconcertante", dijo otro militante.
El mandatario, entre la espada y la pared, optó no obstante por rescatar lo que queda de cohesión en el PP.
El Gobierno español dio a conocer el nombre del sucesor de Gallardón pocas horas después de que éste anunciara su renuncia y antes de que Rajoy iniciara un viaje oficial a China, en un intento por difuminar con celeridad la crisis interna.
El nuevo ministro de Justicia será Rafael Catalá Polo, un nombre que no forma parte de la primera línea de la política española, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento.
Parte del trabajo al que se enfrentará lo dejó ya finiquitado Gallardón: en su despedida anunció que los recursos que el Ejecutivo de Rajoy presentará ante el Tribunal Constitucional contra la consulta independentista de Cataluña están ya listos.
| Agencias DPA, AFP, ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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