Efecto marihuana: baja al 39% aprobación de Mujica

Montevideo - La aprobación de la gestión de José Mujica descendió en julio hasta el 39%, el nivel más bajo desde que asumió el cargo, entre otras razones por su plan para despenalizar la marihuana y en medio de debates en el seno del oficialismo por diversos proyectos vinculados a combatir la inseguridad.

Según un sondeo conocido ayer, el porcentaje de los que desaprueban la gestión de Mujica se situó en el 33% en julio, cinco puntos más que en abril, la medición anterior de la empresa Equipos Mori. Entonces, el 47% de los encuestados aprobaba la gestión del jefe de Estado extupamaro.

Entre los factores que la consultora señaló como determinantes de la caída de la aprobación destaca la iniciativa de Mujica de despenalizar la producción y comercialización de la marihuana, actualmente a estudio del Parlamento.

También influyeron, según Equipos Mori, la sustitución del ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, el más popular de su gabinete, y la suspensión de Paraguay en el Mercosur y el simultáneo ingreso de Venezuela al bloque regional, que generó un enfrentamiento público entre el presidente y el vicepresidente, Danilo Astori. Otro factor señalado fue la quiebra de la aerolínea de bandera uruguaya Pluna, sin que el Estado acudiera al rescate.

La encuesta se realizó a 713 personas mayores de 18 años en ciudades de más de 10.000 habitantes y tiene un margen de error de 3,7 puntos.

En este contexto, las bancadas oficialistas del Frente Amplio muestran fisuras sobre temas sensibles vinculados a la violencia delictiva, en un año en el que los homicidios aumentaron el 56% en el primer semestre, a un total de 163 en todo el país.

Una de las iniciativas más cuestionadas por legisladores frenteamplistas es la que propone aumentar a tres años de cárcel la pena mínima para traficantes de pasta base de cocaína.

Los parlamentarios pretenden mantener un mínimo de 20 meses con la posibilidad de establecer agravantes por un tercio de la sanción, dado que se entiende que lo que propone el Poder Ejecutivo «es muy duro; alguien puede matar y tener menos pena que por vender pasta base».

Otro de los puntos de mayor divergencia es la posibilidad de que los adictos a las drogas, especialmente a las más duras, puedan ser internados en forma compulsiva para someterse a tratamiento, una idea que Mujica planteó desde su asunción, en marzo de 2010. La bancada del Frente Amplio advirtió sobre esta iniciativa que «la libertad ambulatoria sólo puede limitarse ante flagrante delito».

«Estamos de acuerdo en que, en casos de situaciones agudas, el Estado se tenga que hacer cargo», sostuvo el diputado del Partido Socialista, Julio Bango.

Sobre el texto de comercialización estatal de la marihuana se manifestaron en contra el propio viceministro del Interior, Jorge Vázquez (hermano de Tabaré Vázquez); el director Nacional de Policía, Julio Guarteche, y el exvicepresidente frenteamplista Rodolfo Nin Novoa (2005-2010).

La última iniciativa que es motivo de discordias entre el Ejecutivo y la bancada oficialista es el aumento de las penas para los menores de 18 años, dado que las autoridades pretenden llevar a un máximo de 10 años la internación en los centros de rehabilitación, cuando el Legislativo prefiere elevar la pena mínima a un año y dejar la máxima en diez.

Desde la Suprema Corte de Justicia se advirtió que el sistema penal adolescente del país es «muy benigno» y recordaron que un adolescente que comete un homicidio, en dos años puede quedar en libertad.

Los partidos de la oposición, Blanco y Colorado, presentaron en abril 360.000 firmas a los efectos de convocar a un referendo para bajar a 16 años la imputabilidad de los adolescentes infractores.

Agencias AFP, EFE y ANSA, y Ámbito Financiero