La decisión del Constitucional sume a Egipto en una profunda crisis, ya que deja de facto sin poder a la Cámara alta (el Consejo de la Shura). "La única salida es un consenso sobre nuevos principios constitucionales", tuiteó el líder opositor y Premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei.
La gobernante Hermandad Musulmana no se siente sin embargo presionada y aseguró que hasta la elección de una nueva Cámara baja, los miembros de la Shura podrán seguir desarrollando sus actividades. Y aunque en realidad sus funciones en principio son limitadas, la Shura asume en la actualidad todas las tareas parlamentarias, después de que la otra Cámara hubo sido disuelta hace casi un año, también por errores formales en la misma ley electoral.
Todavía no está claro cuándo se convocarán las próximas elecciones. Como pronto en octubre, según Hermandad Musulmana. Antes será necesario reformar la ley electoral y redefinir las circunscripciones, un auténtico campo de minas.
Pero Egipto, el país árabe más poblado, necesita contar urgentemente con representantes que cuenten con una amplia aceptación. La confianza en las instituciones del Estado está cayendo en una nación que sufre una grave crisis económica y cada tanto descarga su frustración de forma violenta. Sin ir más lejos, la disputa sobre el Parlamento y la Constitución se tradujo el pasado invierno boreal en semanas de disturbios, con varios muertos y centenares de heridos.
Poderes
El presidente Mohamed Mursi logró entonces sacar adelante su proyecto de Constitución gracias a algunos poderes especiales que se atribuyó a sí mismo y a una Asamblea Constitucional afín. A finales de diciembre, la carta magna fue aprobada en referendo con una mayoría del 64%.
El Consejo de la Shura, dominado por la Hermandad Musulmana y los salafistas, obtuvo el derecho de legislar hasta la elección de una nueva Cámara baja. Una de sus decisiones más controvertidas fue dar competencias policiales al Ejército. Es decir, a los soldados se les dio la potestad de arrestar a civiles, supuestamente para restablecer la calma tras varias protestas violentas.
Según la sentencia de ayer, el único representante del pueblo que ahora mismo está legalmente en el poder es el presidente Mursi. De hecho, no hay control parlamentario. Hasta que haya nuevas elecciones, las leyes serán elaboradas por diputados que no fueron elegidos de acuerdo con la legalidad. Y lo harán sobre la base de una Constitución que no fue elaborada de forma legítima.
Así las cosas, dos de los principales pilares del Estado egipcio carecen de legitimidad. Si Mursi quiere defender la democracia, debe procurar que las soluciones transitorias no se conviertan en algo habitual y que el país no permanezca en la línea de partida.
| Agencia DPA |
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