El doble estándar de los organismos

Recientemente hemos visto análisis elaborados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) para el G-20 así como publicados por la Unión Europea (UE) acerca de las medidas adoptadas por los países para enfrentar la crisis internacional y defender su mercado interno que han sido interpretados como alarmantes por varios analistas económicos y políticos.

Si bien la apertura del comercio internacional varía según los productos,

estos informes tienden a detectar principalmente las medidas en frontera que son aplicadas a los productos industrializados en donde los países desarrollados son competitivos -en muchos casos de manera desleal- y poco dicen paradójicamente acerca de las medidas adoptadas por estos mismos países desarrollados que distorsionan los mercados agrícolas tales como los subsidios y las barreras sanitarias y fitosanitarias que de tan antiguas y perdurables parecen no conmover a los analistas del comercio mundial. De allí que resulta importante considerar también desde qué perspectiva se realizan los análisis y cuestionar legítimamente sus conclusiones.

Los mercados para ser considerados abiertos deben además tener cierta simetría que permita un verdadero intercambio justo, es así que a la hora de evaluar al comercio mundial resulta necesario contemplar a todo el universo de productos que lo integra así como la manera en que éstos son elaborados y comercializados, ya sea que tengan o no subsidios internos, o que favorezcan su exportación con prácticas desleales, o sean beneficiados o no por políticas cambiarias o monetarias, diseñadas para exportar crisis y desempleo.

Algunos países desarrollados otorgan masivamente subsidios a la producción agrícola e industrial no solamente porque tienen recursos para hacerlo sino también porque estos aportes estatales son dispersos, poco transparentes y en algunos casos, difícilmente identificables, pudiendo admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente, motivo a dudas o confusión con el deliberado propósito de evitar ser calificados como contrarios a las normas del derecho económico internacional. Sin embargo, el efecto de la crisis sobre sus propias economías desnuda que su accionar no sólo fue denunciable sino un fracaso.

A estas medidas hay que sumarle los famosos e inequitativos «rescates» a la banca otorgados por muchos países con motivo de la crisis que les permiten a los bancos sortear sus dificultades en los negocios, pero al mismo tiempo posibilita distribuir recursos financieros subsidiados a las empresas multinacionales abastecedoras de productos industrializados y de servicios que son actores principales del comercio internacional, pero que están alejados de recuperar el trabajo y los ingresos de los pueblos.

Si bien las normas de la OMC fueron un paso importante para generar un orden en relación con las reglas del comercio, sin dudas hoy a las claras demuestran ser insuficientes en estos casos para garantizar un trato igualitario en las relaciones comerciales internacionales.

Todos queremos más y mejores productos y servicios y la competencia justa es clave para ello porque si no lo es el Estado debe restablecer el equilibrio mediante la adopción de medidas dictadas conforme al derecho internacional tendientes a mitigar el comercio de bienes manufacturados producidos y comercializados de manera anticompetitiva.

Nuestro Gobierno demostró fehacientemente que no somos belicistas ni en política ni en comercio sino que creemos en el imperio de la ley y en la necesidad de perfeccionar el sistema multilateral para lograr un comercio internacional más justo que permita el desarrollo de todos los países. Ahora bien, como dice nuestra Presidenta eso requiere ante todo, dejar atrás la hipocresía del doble estándar por parte de organismos multilaterales que parecen haberse quedado en el tiempo.