El estatismo bajo el agua

El juicio de valor sobre los resultados de la experiencia privatizadora de los años 1990 en la Argentina varía según el observador y el sector considerado. En todo caso, pese a distintas mejoras en los servicios prestados hasta la crisis de 2001-2002 (que provocó la posterior ruptura contractual), los incumplimientos contractuales, las renegociaciones y expectativas frustradas crearon el espacio para la reestatización.

Ahora, luego de varias rescisiones contractuales y expropiaciones, es tiempo de evaluar el desempeño de las empresas públicas. Veamos aquí el caso de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), empresa del Estado Nacional que en 2006 reemplazó a Aguas Argentinas SA (AASA) en la provisión del servicio de agua potable y desagües cloacales en Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense.

Los desempeños de AySA y AASA tienen múltiples dimensiones (cobertura, calidad, inversiones, tarifas, costos, etc.), relacionadas entre sí: AySA contó con financiamiento del Tesoro Nacional (más de u$s 1.100 millones en 2012) para llevar a cabo un ambicioso plan de inversiones (con erogaciones promedio anuales que triplican en dólares las de AASA entre 1993-2001) que redundarán en mejoras sustanciales del servicio en los próximos años; las tarifas (reales) de AASA fueron superiores a las de AySA; etc.

Por ello, la evaluación sólo puede ser parcial: considerando sólo los costos operativos de AySA y AASA, los distintos niveles de inversión (y las mejoras en materia de cobertura y calidad sobrevinientes) pueden ser neutralizados para así examinar el desempeño operativo de la empresa pública.

Naturalmente, la mayor inversión de AySA explica que sus costos totales sean mayores que los de AASA en términos reales (incluso que los tripliquen). El crecimiento en la cobertura, que oscila entre el 6% y el 30% entre 2001 y 2012 según el indicador seleccionado (cantidad de usuarios, producción y tratamiento de agua o extensión de las redes de distribución), podría a su vez explicar mayores costos operativos reales, en particular ante mayores costos al incorporar áreas y clientes de más difícil acceso. Sin embargo, incluso dejando de lado los costos de capital, el aumento del costo operativo real de AySA entre 2001 y 2013 (proyectado al mes de agosto, y deflactando por la inflación mayorista del INDEC) fue del 200%. Este mayor costo operativo resulta por aumentos del 130% real en el gasto en personal (45% por mayor dotación de personal de planta permanente y 55% por mayor salario promedio real) y del 315% real en el costo operativo no laboral (bienes y servicios).

Uno de los rasgos salientes de AySA es el fortísimo aumento de su costo operativo vis-a-vis AASA, a priori más allá de lo razonable tomando en cuenta los mayores niveles de producción y cobertura logrados en la última década. Más allá de la necesaria confirmación de esta conclusión preliminar en base a datos desagregados, debe notarse que tal tipo de ineficiencia operativa (en particular en lo que se refiere al costo operativo no laboral) sería una consecuencia lógica del "presupuesto flexible" que tiene la empresa, en cuanto a que sólo una porción menor de sus ingresos (menos del 15% desde 2012) proviene del cobro de sus servicios, obteniendo subsidios suficientes desde 2006 para cubrir sus crecientes necesidades presupuestarias. En efecto, si se cree que un subsidio siempre es bueno, cualquiera sea su método de cálculo (y destinado a mantener congeladas las tarifas, como también fue el caso de los ferrocarriles durante la última década), los incentivos a minimizar los costos operativos y de inversión de una empresa pública serán bajos y los proveedores tendrán inmejorables condiciones para apropiarse de sus recursos.

En definitiva, la discusión sobre el modelo de gestión de una empresa de saneamiento no puede agotarse en las características de sus accionistas (privados o públicos) ni en la conveniencia o justificación de que existan subsidios para la realización de obras de gran magnitud con fuertes externalidades sociales. Una empresa pública no sólo debe procurar la prestación de mejores servicios a una mayor parte de la población, sino también hacerlo al menor costo posible. Los auténticos estatistas no tienen dudas al respecto.