El fideicomiso era manejado por los venezolanos, dice el Gobierno

Un informe del ente mixto Cammesa, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, al subsecretario de Coordinación del Ministerio de Infraestructura señala las cuentas -aunque oculta el número en la versión a la que accedió este diario- adonde se giró el dinero para el fideicomiso integrado con dinero de compras de combustible a Venezuela entre 2004 y 2009.

El Gobierno presentó ayer un escrito ante la Justicia en el que negó cualquier intervención del Ministerio de Planificación en el funcionamiento del fideicomiso de u$s 90 millones que el Gobierno argentino creó en 2004 con Venezuela.

En la misma línea del comunicado que había publicado la cartera a cargo de Julio De Vido el viernes pasado, la presentación se centró en enfatizar que las exportaciones realizadas por empresas argentinas a Venezuela, en el marco del convenio bilateral que dio origen al fideicomiso, son contratadas directamente por el Gobierno de Hugo Chávez, sin intermediaciones del ministerio.

El ministerio intentó desligarse así de la investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, que la semana pasada generó un escándalo a partir del testimonio del ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous, quien aseguró que funcionarios argentinos habrían pedido retornos de entre un 10% y un 25% a las empresas venezolanas para intervenir en el fideicomiso.

La cartera de De Vido detalló en su informe que las empresas de capital público, privado o mixto que intervinieron en el convenio son: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Intevep, IVIC, Ingeomin, PDVSA, CVG y el Instituto Energético, entre otras compañías venezolanas, y, por parte de la Argentina, SECYT, Segemar, INTA, INVAP, INTI y CNEA. La Justicia había requerido esta documentación hacía varios meses, pero la cartera recién presentó ayer los datos.

Por su parte, Ercolini dispondrá en los próximos días un pedido de informes sobre todos los viajes que el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, realizó desde 2004 a ese país. El ex funcionario está en el centro de las sospechas, ya que a pesar de ser en ese momento el titular del OCCOVI, fue señalado como uno de los principales responsables de los negocios entre la Argentina y el Gobierno de Hugo Chávez.

Los viajes del ex funcionario -también vinculado en su momento con el caso del valijero Guido Antonini Wilson, pero por el momento no investigado en la Justicia argentina en esa causa debido a que se le dictó falta de mérito- aportarán datos sobre sus movimientos en ese país.

Otra de las medidas que impulsan el juzgado y la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es un requerimiento al banco UBS-Stanford, en Nueva York, para que aporte todos los datos de las operaciones realizadas a través del fideicomiso Bandes, así como las cuentas y sus titulares que participaron estos movimientos financieros. Los investigadores del caso advierten, sin embargo, que no espera demasiado de esta línea de investigación ya que esta entidad tiene capitales venezolanos.

Ercolini solicitó también a la Defensoría del Pueblo que enviara una copia de la investigación que el organismo inició en 2007 sobre el presunto pago de sobornos por parte de empresarios argentinos para participar del intercambio comercial con Venezuela. El expediente era impulsado por el ex defensor del pueblo, Eduardo Mondino, quien renunció a principios del año pasado a su cargo para postularse como candidato.

La pesquisa de la Defensoría se centra en el supuesto pago de sobreprecios en la venta de maquinaria agrícola argentina a Venezuela, así como la función de la empresa argentina Madero Trading, que intervino en la operación.

Por el momento no se tomarían nuevas declaraciones testimoniales, si bien en algún momento de había evaluado citar a quien reemplazó a Sadous en la Embajada, la actual ministra de Defensa, Nilda Garré. También se analiza citar nuevamente al ex agregado comercial en Caracas, Alberto Álvarez Tufillo, quien declaró a fines del año pasado en la causa y confirmó también la presunta existencia de coimas. Pero no se avanzará con nuevas declaraciones, por el momento, hasta que el juzgado revise nueva documentación relacionada con el caso.

Quien seguramente sí deba presentarse en el juzgado en los próximos días es el senador por Córdoba, Luis Juez, para ratificar las declaraciones que realizó ayer en diferentes medios. El legislador opositor aseguró que el vicepresidente de la empresa cordobesa Pauny, José María López, «me contaba horrorizado cómo para poder vender tractores de Pauny al Gobierno de Venezuela había una comisión integrada por funcionarios de la cancillería venezolana y hombres del Gobierno vinculados a De Vido que le pedían un 25% o un 30% de la venta». También podrían citar al empresario en base a estos dichos.