Medio siglo después de que esa ley eliminara la arbitrariedad para que las autoridades de los estados decidieran si permitían a un negro registrarse o no para votar, EE.UU. sigue siendo una de las democracias de un país desarrollado con el índice de participación en elecciones más bajo y una de las pocas sin registro universal de votantes.
En 2012, sólo el 53,6% de la población con derecho al voto acudió a las urnas, el tercer peor dato de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sólo por delante de Japón, Chile y Suiza en comicios recientes.
El 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson rubricó la ley que ponía fin a tácticas discriminatorias como los tests de analfabetismo para negros, y obligaba a estados con larga historia de discriminación (la mayoría en el sur) a pedir permiso al Gobierno federal para modificar las normas de voto.
La entrada en vigor de la ley llevó a negros que jamás habían votado a registrarse en masa, y en 2008 (el año de más diversidad de votantes de la historia del país), a poner en la Casa Blanca a Barack Obama, un presidente de raza negra.
Pero el acceso al voto sigue siendo una carrera de obstáculos para muchos en un país en el que no existe un documento de identidad obligatorio con foto, se vota en día laborable y en el que un delito no violento puede privar de la posibilidad de votar de por vida.
Desde que en las elecciones legislativas y estatales de 2010 los republicanos tomaron el control de 11 nuevos estados, los gobernadores conservadores se enfrascaron en una lucha para hacer más complicado el acceso al voto, con argumentos contra el fraude, o redibujar distritos para reducir el peso demográfico de minorías.
Además, en 2013, la Corte Suprema inhabilitó la parte de la Ley de Derecho al Voto que obligaba a los estados a pedir la aprobación federal para hacer cambios en la regulación del sufragio.
Carolina del Norte fue, según el Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, el más restrictivo a la hora de imponer nuevas limitaciones, denunciadas por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) como inconstitucionales.
El objetivo de estas leyes, según los críticos, es frenar el registro de votantes jóvenes (que en un 80% no votaron en 2014), de minorías como hispanos (un 7,4% de los votantes en 2014) y negros (12%), y de personas de bajos ingresos, que previsiblemente se inclinarían por votos más progresistas.
Estados como Carolina del Norte eliminaron el voto por anticipado, la posibilidad de registrarse para votar el mismo día de los comicios y endurecieron los procesos de identificación.
En el otro extremo, algunos estados comenzaron a modernizar y a facilitar el registro para votar; algunos como Oregón, llegando al extremo del registro automático de todos las personas elegibles para votar, algo que sucede en la mayor parte de países desarrollados y que apoya la aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton.
Más votantes registrados y una mayor participación electoral permitirían rebajar la polarización política y los extremos tanto en los demócratas como en los republicanos si, como sugieren los datos del Centro de Estudios Pew, EE.UU. no es un país dividido ideológicamente..., hasta que llega la hora de pasarse por las urnas.
| Agencia EFE |
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