En medio de polémica, aprobó España la reforma laboral

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando hablaron ayer sobre las nuevas normas laborales.

Madrid - El Gobierno español aprobó ayer una reforma laboral que busca dinamizar el mercado de trabajo y «reducir la excesiva temporalidad», en un país en el que la crisis dejó más de cuatro millones y medio de desempleados. La iniciativa, anunciada desde hace tiempo, es rechazada por los sindicatos, que creen que lesiona los derechos de los trabajadores, quienes convocaron una huelga en su contra para el 29 de setiembre. Se trata del primer paro general desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder.

El Ejecutivo no logró un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para consensuar la reforma, que sancionó en forma de decreto de ley. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros y entrará en vigencia hoy. No obstante, el Gobierno, según explicó la vicepresidente, María Teresa Fernández de la Vega, pedirá su tramitación en el Congreso como proyecto de ley, con el fin de que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger de esa manera el máximo consenso posible. La reforma es la más importante realizada en España en los últimos veinte años, según De la Vega, que la definió como «buena, ambiciosa y de calado». Con ella se busca «reducir la temporalidad excesiva» en el empleo y una mayor estabilidad y flexibilidad que redunde en un aumento de la productividad», agregó. De la Vega reconoció que se aprueba sin el acuerdo de los sindicatos, pero insistió en que con ella se busca «atajar algunos de los problemas más acuciantes» que vive España.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó que se trata de «una reforma estructural», pensada no sólo para el momento actual, sino para que sirva de marco y referencia durante años y con la que se pretende «cambiar la cultura, que cuando hay problemas no empecemos ajustando la plantilla, sino ajustando la producción».

Entre las novedades que incluye el texto aprobado está que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos para los que se fija una indemnización media de 33 días por año trabajado, frente a los 45 actuales. Además, para recurrir a un despido, las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas sin un período mínimo específico. Para estos despidos hay una indemnización de 20 días por año trabajado.

Los sindicatos mayoritarios españoles, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) convocaron el martes una huelga general para el 29 de setiembre contra la reforma laboral aprobada ayer. Los dirigentes sindicales la rechazan porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo, al tiempo que facilitará el despido, mientras que las organizaciones empresariales la ven «tibia» y consideran que el Ejecutivo se ha quedado corto.

Para Paloma López, secretaria de Empleo de CC.OO., facilita el despido y sus medidas «no hacen más que profundizar en una salida de la crisis injusta» a cargo de los trabajadores.

En España el derrumbe del sector inmobiliario, su motor económico en los últimos diez años, unido a la crisis económica, se tradujo en una gran pérdida de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo de más del 20% (4,6 millones de personas).

Agencia EFE