La Cámara Alta también aprobó y giró a Diputados la reforma judicial “Justicia 2020” y mayores sanciones a desvío de precursores químicos para el narco.
En obra. En medio de andamios, la Cámara Alta aprobó los pliegos de los nuevos jefes de la Agencia Federal de Investigaciones propuestos por Mauricio Macri. El oficialismo contó con la ayuda de votos del peronismo post K.
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, propuestos por el Poder Ejecutivo para encabezar la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), obtuvieron ayer aval del Senado que aprobó sus pliegos por amplia mayoría, con la negativa de la centroizquierda y la abstención de un sector del peronismo disidente y de todo el arco ultrakirchnerista. Los funcionarios, que encabezan la AFI desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió el presidente Mauricio Macri, reemplazan a Oscar Parrilli y a Juan Mena, designados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El pliego de Arribas obtuvo 44 votos a favor y tres en contra, de Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jaime Linares (GEN).El sector ultrakirchnerista del bloque del Frente para la Victoria, en cambio, decidió abstenerse masivamente sin hacer uso de la palabra, acompañado por los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso y por la representante del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell. Quienes se abstuvieron fueron la correntina Ana Almirón; las santacruceñas Virginia García y María Labado; la mendocina Fernández Sagasti; los sanjuaninos Marina Riofrío y Ruperto Godoy; la jujeña Liliana Fellner, las riojanas Teresita Luna e Hilda Aguirre, el bonaerense Juan Manuel Abal Medina, la rionegrina Silvina García Larraburu, los chaqueños María Pilatti y Eduardo Aguilar, los chubutenses Mario Pais y Nancy González y la santafecina Marilín Sacnum. En cambio, el pliego de Majdalani obtuvo 49 votos a favor, los mismos tres en contra y catorce abstenciones. Quienes en la votación de Arribas se abstuvieron, pero aprobaron el acuerdo para la vicedirectora de la AFI fueron la sanjuanina Riofrío, la rionegrina García Larraburu, el chaqueño Aguilar y los chubutenses Pais y González. Además, el ultrakirchnerismo no hizo uso de la palabra cuando se discutieron los pliegos, mientras que tanto el oficialismo como el resto del Frente para la Victoria anticiparon su voto afirmativo a ambos pliegos. El presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Rodolfo Urtubey (FpV-Salta), subrayó "la decisión que hace a la confianza del Presidente de la Nación". "El Presidente, tanto a través de su ministro del Interior (Rodolfo Frigerio) como de su jefe de Gabinete (Marcos Peña), se hizo cargo de su decisión y expresó su confianza en estas dos personas", destacó. El bonaerense Jaime Linares (GEN) votó en contra y argumentó que tanto Arribas como Majdalani "deberían tener una formación mínima necesaria para mejorar los servicios de inteligencia".
Senadores también aprobó ayer, y giró a Diputados dos proyectos del programa "Justicia 2020" que impulsa el Poder Ejecutivo, y una iniciativa para legislar sobre el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes. El proyecto sobre fortalecimiento de los tribunales orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico se inscribe, según los fundamentos presentados por el Ejecutivo, en un "plan piloto" de "rediseño de la organización judicial nacional y federal".
De acuerdo con la norma, la intención es facilitar la investigación, el juzgamiento y la sanción de la delincuencia organizada y de los delitos vinculados con ella, en orden de la "Declaración de Emergencia de Seguridad Pública" decretada en enero último. Asimismo, se busca ir adecuando progresivamente las estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal de la Nación que aún no entró en vigencia. La tercera iniciativa vinculada al programa "Justicia 2020" es la que unifica los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal y a la implementación del Juicio Unipersonal para Determinados Supuestos. La primera parte de la iniciativa pretende comenzar a colocar las bases para la transferencia de las competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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