Con un saldo de seis detenidos y cuatro heridos (dos de ellos, gendarmes), el Gobierno evaluó como exitosa la aplicación del protocolo antipiquetes.
“Pato” al mando. La ministra de Seguridad coordinó el operativo con el que las fuerzas federales desalojaron ayer la Panamericana.
El contraste era evidente. Mientras Mauricio Macri intentaba convencer a un millar de empresarios que participan del Foro Económico Mundial de las bondades de la Argentina como destino de sus inversiones, su administración soportaba el primer paro general y grupos de izquierda, con palos y pasamontañas en sus vanguardias de choque, se parapetaban en los accesos para generar un clima caótico. Un conjunto importante de ciudadanos esperaba una respuesta efectiva del Gobierno ante la intolerancia de los piquetes, que debía satisfacer esas expectativas sin derrapar en una acción represiva que generase más rechazos que adhesiones. Y la respuesta apareció, al menos para la consideración oficial. En medio de una jornada caliente, los funcionarios macristas evaluaron positivamente la reacción institucional ante la protesta callejera. Si bien las fuerzas federales no pudieron evitar que el tránsito se interrumpiera durante varios minutos en algunos puntos críticos como Panamericana, Puente Pueyrredón, o General Paz y Constituyentes, la aplicación del protocolo antipiquetes permitió desalojar las autopistas de ingreso a la Capital Federal, con un saldo de seis detenidos y cuatro heridos, dos de los cuales son efectivos de Gendarmería. Promediando la jornada, el Presidente hizo saber a la ministra Patricia Bullrich su conformidad con la coordinación lograda entre las fuerzas de seguridad nacional y la Policía de la Ciudad. "Aunque todavía no estamos totalmente conformes con los resultados finales, hemos logrado que el trabajo conjunto dé sus frutos", explicó uno de los gendarmes que acompañó al secretario de Seguridad Eugenio Burzaco en la supervisión in situ del despliegue efectuado en la zona norte del conurbano.
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Desde muy temprano, todos los funcionarios estuvieron en alerta. La propia Bullrich se instaló en el Centro de Operaciones para coordinar las acciones, que contaron con el aval judicial de la titular del juzgado Federal N° 1 de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a quien se le requirió la correspondiente autorización para desplazar los piquetes y garantizar la libre circulación. Allí quedó radicada la causa judicial con la que el Gobierno pretende impulsar una "sanción ejemplificadora" para quienes usaron la "violencia explícita" mediante el uso de lanzas y elementos cortopunzantes. "Hemos presentado videos e imágenes que ameritan investigar hasta las últimas consecuencias el accionar delictivo de estos personajes", confió la fuente ministerial.
Para Bullrich lo de ayer representó una victoria menos "pírrica" de lo que ella misma pudo haber imaginado. La tensión imperante en la previa al desalojo, hacía suponer que la apliación del manoseado protocolo tendría consecuencias mucho más trágicas y, por ende, negativas para la imagen política del Gobierno. No fue tan positiva la semblanza que arrojó el accionar de la Policía de la Ciudad, con más dificultades que aciertos en el despliegue de sus efectivos. "Horacio (Rodríguez Larreta) tiene otra mirada respecto a la actitud que deben asumir los uniformados en el control de la protesta callejera", relató una fuente cercana al jefe de Gobierno, aunque también es cierto que la beligerancia evidenciada por los piquetes porteños fue menos estridente.
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