Falta de mérito a funcionarios de Cancillería

La Justicia no encontró méritos para inculpar a cinco funcionarios de la Cancillería, entre ellos Hernán Orduna, representante por la Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), por una contratación presuntamente irregular. La Cámara Federal revocó los procesamientos que había dictado el juez Ariel Lijo pero le encomendó al magistrado realizar una pericia para establecer si hubo sobreprecios en la licitación para los servicios de informática, audio y video que fueron utilizados para la XX Cumbre de Presidentes de Mar del Plata, en diciembre de 2010.

La Sala I del tribunal dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Orduna, Carlos López Varela, Cecilia Bruno, María Mercedes Buratovich y Javier Jaureguiberry, acusados por presunto «fraude en perjuicio de la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de deberes de funcionario público», así como a los empresarios Diego de Elías, Carlos González y Edgardo Pelliza.

La causa investiga la licitación por el alquiler de equipos que le costó al Estado 6.040.000 pesos, un millón más que lo estimado inicialmente en el momento del llamado a concurso, y casi el doble de lo ofertado por una de las empresas que fue excluida del proceso. La licitación fue ganada por la firma Punto Baires, de Diego de Elías. En mayo Lijo dictó los procesamientos, trabó los embargos y excluyó de la investigación al canciller Héctor Timerman.

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero exculparon a los imputados por entender que en el expediente no se pudo probar «ni aun con el grado de probabilidad que es propio del acto procesal, la ilicitud del proceso licitatorio llevado a cabo, ni la generación, a raíz de ella, de un perjuicio patrimonial al Estado».

Sin embargo, juzgaron que «resulta imperiosa» la realización de una pericia para determinar si el contrato incluyó sobreprecios y destacaron que dos de los investigados, Bruno y Jaureguiberry, «expresaron su sospecha respecto de una posible sobredimensión de las necesidades técnicas contenidas» en el pliego de licitación.