Fuerzan jueces porteños presupuesto participado

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

La Justicia porteña resolvió en un fallo que el Gobierno porteño deberá convocar a los vecinos para que tengan voz en la decisión sobre el uso de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como presupuesto participativo y que está enmarcado en la Constitución local.

Se trata de una práctica difícil de llevar adelante si no se tramita a través de unidades pequeñas, como los barrios, pero la misma Constitución obligó a repartir la Ciudad en Comunas, con la idea de descentralizar el gerenciamiento del distrito en determinados rubros, algo que no solamente no se cumple sino que es motivo de pelea por estas horas entre el Gobierno porteño y los comuneros, inclusive en su mayoría del PRO.

El Gobierno porteño cuenta con una Secretaría de Atención Ciudadana que depende de la jefatura de Gabinete a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y de una una subsecretaría que debe "coordinar el proceso de presupuesto participativo, interactuando con las distintas áreas de Gobierno que intervengan" según sus funciones.

Mauricio Macri se queja tanto como sus antecesores de la creación de esas unidades que generaron juntas de siete miembros para cada una de las 15 comunas, algunas mal diagramadas que abarcan barrios con intereses y geografías adversas, como la 1 que involucra a Puerto Madero junto con Constitución y Retiro -además de San Nicolás (zona del Obelisco), San Telmo y Montserrat- .

El "presupuesto participativo" prevé que los vecinos, generalmente a través de ONG, determinen prioridades para sus barrios, pero no obliga al Gobierno porteño a efectuar ese gasto o a incorporarlo en el presupuesto.

Como sea, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al Gobierno porteño que lleve adelante el "presupuesto participativo" con sus "procedimientos de consulta sobre las prioridades para la asignación de recursos", a partir de la demanda de un particular.

La Sala I del tribunal consideró también que la administración PRO debe "dar adecuada publicidad" sobre la modalidad de la participación en el presupuesto de la Ciudad y "arbitrar los medios conducentes para la real ampliación de la convocatoria".

La decisión judicial fue adoptada por los camaristas Fabiana Schafrik, Mariana Díaz y Carlos Balbín, tribunal que de ese modo ratificó lo que había resuelto el juez Guillermo Scheibler, quien había respondido a un amparo que presentó el abogado Javier García Elorrio, para que se cumpla con la norma que "establece el carácter participativo del presupuesto" y determina que "la ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos".

En esa primera instancia se ordenó instrumentar los procedimientos de consultas que están contenidos en la ley 70 de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de "la participación de la población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales".

El fallo judicial consideró que la participación ciudadana "constituye un derecho activo exigible a los poderes públicos, de forma que éstos establezcan y garanticen los cauces para su ejercicio en los procesos de gestión pública" y también resaltó que "la posibilidad de ejercer el derecho a participar en los procedimientos de consulta ciudadana sobre las prioridades de asignación de recursos constituye así un derecho político de la ciudadanía de Buenos Aires en su conjunto y de cada uno de sus habitantes en particular".