La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quedó en el centro de la escena luego de haber presentado en la justicia argumentos para rebatir su imputación en un expediente abierto para investigar la compra de un inmueble destinado a ser la sede del organismo. La defensa de la jefa de los fiscales ingresó un escrito a la fiscalía que comanda Carlos Rívolo luego de que se activara una denuncia en la que se mencionó que el exmarido de la funcionaria pudo haber intervenido en el cobro de una comisión inmobiliaria por la compra del edificio de Perón 667, adquirido a la familia Bemberg. Así se busca sofocar el único expediente vigente en su contra y que en su entorno leen como parte de la intentona oficial para que deje su cargo, algo que también se intenta vía juicio político.
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El abogado de Gils Carbó se refirió a la licitación 1/2013, cuyos antecedentes (para la compra de un edificio) se remontan a la gestión interina de Santiago González Warcalde y cuyo tercer desistimiento fue decidido por Gils Carbó por no aplicar los fondos al cierre del presupuesto de ese año. Afirmó que en lugar de optar por compra directa, realizó un nuevo llamado a licitación y se eligió entre cinco, la oferta más favorable de la sociedad Arfinsa SA por $43 millones, más de 1.200 mil por debajo de la tasación autorizada. Allí consignó que el Ministerio Público Fiscal no pagó ninguna comisión y se desconoce si la parte vendedora lo hizo, lo que formó parte de la acusación. También niegan que Héctor Gustavo Alonso, exesposo de la funcionaria haya tenido relación con los titulares de la firma que ganó la licitación. a acusación está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, pero la firmó el fiscal Guillermo Marijuán ya que Rívolo se encuentra de licencia, lo que repercutió en el juzgado de Julián Ercolini, que le dio curso y dictó secreto de sumario.
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