Giro: acepta Piñera incluir a militares en indulto “humanitario”

Sebastián Piñera, al cabo de una extensa gira presidencial que culminó en España (en la foto junto a un barbado Felipe), sorprendió hasta a ministros de su Gobierno al anunciar que incluiría a represores en indulto para desagotar cárceles.

Sebastián Piñera cumple mañana un año como presidente de Chile. Sufre el mandatario conservador un persistente declive de popularidad que comenzó a darse no bien asumió, y que tuvo un momento excepcional al alza tras el histórico rescate de los 33 trabajadores de una mina de Antofagasta. Encorsetado entre el sector pinochetista de su coalición -minoritario pero con peso- y la opositora Concertación, que se adueñó del discurso progresista hace décadas, Piñera ensayó un inteligente camino de centro en medio de tironeos de unos y otros, útil para acceder a la presidencia pero trabajoso a la hora de sellar acuerdos parlamentarios. Gira ahora y habilita incluir a militares en el indulto humanitario para descomprimir cárceles, lo contrario de lo que él había rechazado el año pasado ante un pedido de la Iglesia Católica. Una decisión que implica riesgos, más allá de que no se conocen con precisión sus alcances.

Santiago - Sebastián Piñera se mostró ayer abierto a incluir en un proyecto de indulto a militares de más de 80 años y enfermos terminales, entre los que se pueden encontrar violadores de los derechos humanos, lo que marca un giro respecto de su postura inicial de negarse a entregar estos beneficios.

Piñera, de visita oficial en España, aseguró que en el marco de un proyecto de ley de indulto que pretende descongestionar las cárceles chilenas -con una sobrepoblación del 70%- «no se puede hacer ninguna distinción por el hecho de ser civil o militar».

El proyecto anunciado oficialmente el martes por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, contempla la sustitución de penas menores por trabajos comunitarios y un indulto que afectará a reos con reclusión nocturna y mujeres con la mayor parte de la pena cumplida y conducta ejemplar.

Según explicó Bulnes el martes, el Ejecutivo decidió no incluir en el proyecto a los ancianos y enfermos terminales, en el que podrían encontrarse algunos de los casi 70 militares condenados por delitos de lesa humanidad, porque no hubo un «consenso político» con el resto de partidos.

Sin embargo, Piñera sorprendió ayer al señalar que «vamos a conversar y explorar en el Congreso la posibilidad de otorgar conmutaciones de penas o indultos a personas de edad avanzada, mayores de 80 años y a las que estén con enfermedades terminales, de forma tal que puedan pasar sus últimos años o meses no en una cárcel, sino en sus propios domicilios».

De esta forma, el mandatario dio un giro a su posición, casi ocho meses después de que él mismo rechazara un indulto general propuesto por la Iglesia Católica que incluía a violadores de los derechos humanos, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.

Contradice también, según la oposición, el discurso de campaña del mandatario en el que prometió «mano firme» contra la delincuencia.

La Concertación, el bloque opositor de centroizquierda, había asegurado previamente que no apoyaría en el Congreso «ningún tipo de perdón respecto de violadores de derechos humanos», según dijo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

Los legisladores oficialistas del ala dura pinochetista solicitaron por su parte que el Gobierno «recapacitara» y diera «de una vez por todas» una oportunidad a quienes por «defender la patria» están condenados, según la diputada de la Unión Democrática Independiente María Angélica Cristi.

El Ejército, en tanto, a través de su comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, también se manifestó a favor de que los militares pudieran optar a beneficios por razones humanitarias.

«Los exmilitares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es eso y en tal condición se debe cumplir con el precepto constitucional», aseveró.

Dichas declaraciones fueron duramente criticadas por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y diputado por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien acusó al comandante en jefe de actuar como portavoz de los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

«Lo que está haciendo Fuente-Alba es sin duda instar al Ejecutivo a que incluya a los que violaron los derechos humanos dentro de los beneficios carcelarios. Es una presión ilegítima e ilegal», sostuvo Gutiérrez.

Los militares condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó más de 3.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, se encuentran recluidos en penales diferenciados y que gozan de comodidades diferentes a los restos de los penales del país.

Agencia AFP y Ámbito Financiero