Gobierno limitará funciones de Gils Carbó y retrasa la reforma penal

Alejandra Gils Carbó y Germán Garavano

Germán Garavano continuó ayer con su raid por las dependencias más rutilantes del Poder Judicial. Se reunió con la procuradora Alejandra Gils Carbó, cumbre que prometía tensión por las hostilidades del Gobierno para con la jefa de los fiscales. Durante la hora que duró la cita a solas en la Procuración el ministro de Justicia no le pidió la renuncia e incluso se manifestó contrario a la idea de removerla de su cargo vía DNU. Pero al mismo tiempo le comunicó que el Presidente ya ha dado el visto bueno para una reforma integral de las leyes que regulan el ministerio público. El fin que persigue esa jugada es el de limitar las atribuciones de la funcionaria y la duración de su mandato.

En las últimas 48 horas Garavano evidenció que el formalismo y la planificación dominan el territorio en el cual el ministro se siente cómodo. No acompañó la decisión de imponer jueces por comisión en la Corte Suprema de Justicia y el miércoles tuvo su premio cuando Mauricio Macri pospuso la jura hasta febrero con la meta de ablandar a los gobernadores que dominan el Senado. Ayer se mostró distendido en la calle Perón y afirmó que rehúye del proyecto de remover a la procuradora por la vía del juicio político.

La clave que todavía debe vislumbrarse es cómo encajará esta modalidad cuando la iniciativa ya no solo este en el Gobierno y los acontecimientos superen cualquier planificación. Esa habilidad por ahora asoma como tercerizada en figuras más opacas como Fabián Rodríguez Simón o Daniel Angelici, que en la noche del martes lanzó afirmaciones por momentos temerarias sobre el desempeño de Garavano. Frases que delatan una inquina que ya viene desde cuando disputaban posiciones en la Justicia porteña.

En el universo del ministro la reforma de las leyes orgánicas de la Procuración debería seguir un camino estándar a nivel legislativo pero ya se da por descontado que no será el caso: el entorno presidencial avala esa reforma pero por la vía del DNU y no solo incluye establecer un límite temporal o de atribuciones a Gils Carbó sino también otras audacias como que ese combo incluye el traspaso de la división de escuchas judiciales. Oficina estratégica que el kirchnerismo arrebato a la ex SIDE para ubicarla en la Procuración. Su destino es por ahora un misterio. Y la Corte no desea esa estructura que además asume como una contradicción si el país se encarrilla hacia un modelo en el cual los fiscales llevan la instrucción de los casos.

La procuradora conoció el traspaso de esa dependencia álgida por televisión lo cual le generó un fastidio similar al de ciertas innovaciones del Gobierno anterior en la reforma Procesal Penal. Ayer cuando Garavano le dijo que la implementación del sistema acusatorio quedaba postergada ella coincidió en que los tiempos programados (marzo de 2016) tampoco le parecían convenientes pero que "se había adaptado".

En paralelo a estas cordialidades ayer el Consejo de la Magistratura dio otra muestra de lo que es un organismo fuera de control. Sin ninguna planificación, tras una serie de notificaciones cruzadas, se improvisó un plenario que tuvo momentos de gritos e histeria entre los consejeros, que se potenciaron cuando la abogada Adriana Donato pidió la presidencia del organismo para el juez Luis Cabral que estaba dispuesto a aceptar el cargo aunque sea hasta el martes, lo cual generaba rechazo entre los consejeros del peronismo. En simultáneo el senador Angel Rozas embistió contra el administrador Juan Cubría a quien le reclamó por una serie de designaciones que tuvieron lugar en los últimos días.

El nuevo representante del Ejecutivo Juan Mahíques tuvo su bautismo en un clima de estados alterados. Apoyó que la presidencia siga en manos del peronista Héctor Recalde por asumir que se trata del consejero de mayor edad y pidió moderación con las quejas a Cubría, que finalmente no debería firmar ninguna resolución hasta el martes que viene, cuando se apunte a votar autoridades.

Tiene su lógica: Cubría es hijo de la jueza María Servini y nadie desea una pelea frontal con la magistrada que es también gerente electoral en la Capital. Algo que esta semana comprobó el empresario Gustavo Arribas, formalmente designado en la ex SIDE, que padeció que la jueza reprobara su nombramiento ante funcionarios del núcleo duro del Gobierno.

En definitva se trata de los dos mundos en los que transcurre la actualidad del macrismo en su relación con los tribunales. Por una lado las reformas, y a la vez la real politik en su máxima expresión que por estas horas parece embarcada en una misión compleja: que el juez Rodolfo Canicoba Corral siga el mismo camino que Norberto Oyarbide.