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Guantánamo: Obama volvió a la doctrina Bush que denostó
El limbo jurídico de Guantánamo inlcuyó tratos vejatorios a los allí detenidos.
En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, Obama indicó que esta y otras medidas «ampliarán nuestra capacidad de llevar a los terroristas ante la Justicia, proporcionarán supervisión de nuestros actos y garantizarán el trato humano de los detenidos». La medida representa una nueva admisión del presidente estadounidense sobre la dificultad de cerrar esa prisión, el primer compromiso que adoptó tras su llegada al poder en enero de 2009.
Pese a todo, la Casa Blanca subrayó en el comunicado que permanece comprometida con «el difícil desafío de cerrar Guantánamo», la prisión establecida en esa base militar de Cuba en 2001 para alojar a los presos sospechosos de terrorismo. La decisión se toma después de que el Congreso impusiera en diciembre restricciones a la posibilidad de juzgar a presos de Guantánamo en tribunales civiles estadounidenses.
El Gobierno «se opone a estas restricciones como un desafío peligroso y sin precedentes a la autoridad del Ejecutivo a decidir el método más efectivo para llevar a los terroristas ante la Justicia». A raíz del decreto, el secretario de Defensa, Robert Gates, emitió una orden que reactiva las comisiones militares y permite que se puedan presentar de nuevo casos ante ellas.
Para justificar este cambio, la Casa Blanca precisó que en los últimos dos años el Gobierno había prohibido que se puedan utilizar las declaraciones de presos resultantes de trato degradante, cruel e inhumano, y puesto en marcha un mejor sistema para el manejo de información clasificada. Con estas reformas, declaró, «las comisiones militares, junto a los juicios contra sospechosos de terrorismo en tribunales civiles, son una herramienta importante y disponible para combatir a los terroristas internacionales que caigan dentro de su jurisdicción» de modo que se respete el Estado de derecho.
La orden establece también un sistema de evaluación periódica para aquellos presos retenidos en la base militar de Guantánamo a los que no se pueda juzgar, entregar a otros países o poner en libertad pero de los que conste que son un peligro para EE.UU. Esta revisión contribuirá a garantizar, según la Casa Blanca, que aquellos incluidos en este grupo permanecerán detenidos sólo en tanto sea necesario y legal para evitar amenazas contra la seguridad del país.
Si se determina que un preso deja de representar una amenaza significativa, los secretarios de Defensa y de Estado deberán designar un lugar, fuera de EE.UU., adonde transferirlo de manera acorde con la seguridad nacional y con los intereses de política exterior estadounidense.
El Gobierno reiteró su compromiso con la celebración de juicios a estos presos en tribunales federales y subrayó que en cada ocasión en que esto fue posible esos estrados «han hecho justicia rápidamente y han impuesto un serio castigo a quienes quieren atacarnos».
El propio Obama declaró, en su comunicado, que «el sistema estadounidense de Justicia es una parte clave de nuestro arsenal en la lucha contra la red Al Qaeda y sus afiliados y seguiremos recurriendo a todos los aspectos de nuestro sistema judicial, incluidas las cortes federales». «Buscaremos abolir las restricciones impuestas por el Congreso», aseguró la Casa Blanca.
Por su parte, Gates indicó en un comunicado, al anunciar el fin de la suspensión de las comisiones militares, que «durante años nuestros tribunales federales han demostrado ser un medio seguro y efectivo para llevar a los terroristas ante la Justicia. Eliminar esta opción por completo es insensato e innecesario».
Agencias EFE y Reuters, y Ámbito Financiero


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