Incitan a que fiscales sigan peleando

El Observatorio de la Justicia argentina pidió al Consejo de la Magistratura que le solicite a Manuel Garrido, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), un listado sobre los funcionarios y ex funcionarios que son investigados por corrupción y en qué estado se encuentran las causas. La petición de la ONG, dirigida, entre otros, por el ex consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler y el ex juez Salvador María Lozada, surgió a raíz de las declaraciones del fiscal respecto del supuesto recorte de sus facultades, que determinó el procurador general de la Nación, Esteban Righi, e implica la entrada de un nuevo actor a un conflicto que ya lleva más de un mes y no parece estar en vías de resolverse.
El pedido del Observatorio, dirigido al presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, el senador radical Ernesto Sanz, requiere que Garrido indique «cuáles son, a su criterio, las causas que tienen un proceso regular, moroso, o insuficiente y/o en las que el tribunal niegue medidas de pruebas pertinentes», además de precisar el número de juzgado en el que la causa se tramita y en qué estado se encuentra.
La ONG dedicada a monitorear a la Justicia fundamenta su pedido en la sospecha progresiva por parte de la sociedad argentina de que los casos de corrupción contra funcionarios públicos se encuentran paralizados de manera generalizada. Por eso, según el Observatorio, frente a los dichos de Garrido se hace «imprescindible la necesidad de determinar la veracidad o maledicencia de las denuncias».
A principios de noviembre, el procurador general estableció competencias para los fiscales de primera instancia y la FIA, porque existían conflictos de criterios y superposiciones entre ambos. El titular de la FIA, a pesar de ser quien pidió a Righi expedirse sobre este tema, no estuvo de acuerdo con la decisión y declaró en distintos medios que la medida «ayudaba a los corruptos». El procurador rechazó estos dichos y negó que la disposición recortara las facultades de la FIA. Los cruces de declaraciones llegaron a tal punto, que la semana pasada Righi le pidió a Garrido, a través de un comunicado de prensa, que se abstuviera «de realizar campañas de promoción personal de su rol en la lucha contra la corrupción».
En el medio, la oposición, que anunció que iba a formar la comisión bicameral para las relaciones entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo (medida prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público y nunca puesta en práctica), así como pidió la restitución de las facultades de Garrido, informó que citarían la procurador general para pedirle explicaciones, y algunos hasta deslizaron la posibilidad de juicio político para Righi. Ahora, la Magistratura (paralizada hace dos semanas por falta de consenso de los consejeros para elegir nuevo presidente) deberá sumarse a un conflicto, por pedido de un tercero, del que se había mantenido al margen.