El informe de la Auditoría General sobre el escándalo por el intento de pago de la cuestionada deuda a los herederos y ex integrantes del Grupo Greco desnudó las internas que se generaron en los últimos años dentro de la estructura legal del Ministerio de Economía. Pero, además, dio por probado que fallaron todos los controles legales sobre los pagos que se realizaban desde ese ministerio y sobre el registro de los trámites de cobro de deuda consolidada.
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Sin duda, uno de los principales temas a resolver dentro de esa investigación fue la responsabilidad de los ministros que ocuparon la cartera de Economía durante el proceso de juicio de los Greco-Bassil al Estado y luego en el trámite de aprobación de la emisión de bonos para cancelar una deuda por casi u$s 200 millones, un pago que el mismo juez que falló a favor de los mendocinos luego ordeno frenar.
Ayer Roberto Lavagna salió al cruce de las imputaciones que lo colocaron en el centro de la escena cuando funcionarios del área legal de su ministerio intervinieron en la homologación judicial de la deuda a favor de los Greco. Se defendió el ex ministro alegando que el expediente de pago nunca llegó a su despacho durante su paso por Economía: «Una vez más es imprescindible informar que Roberto Lavagna no tuvo intervención en el trámite aludido. Según consta en la página 61 del propio informe de la Auditoría General de la Nación, el trámite del pago jamás llegó a las manos del ex ministro Roberto Lavagna para su intervención, dado que la primera intervención de las más altas instancias de la pirámide administrativa, esto es, la Secretaría Legal y Administrativa y la máxima autoridad ministerial, recién ocurrió el día 4 de mayo de 2006, cuando Lavagna hacía más de cinco meses que no era ministro de Economía, cargo que dejó de desempeñar a fines de noviembre de 2005. Creemos que las acciones administrativas y la intervención de la Justicia deben ir a fondo y sin límites», decía ayer el ex ministro.
El informe final de la AGN, de 142 páginas, revela como nunca el entramado de trámites que insume el pago de una deuda reclamada al Estado. Y afirma con claridad que muchos de esos controles fueron vulnerados para permitir que el expediente avanzara. Pero sin duda es más duro con la administración de Felisa Miceli cuando reconoce que existió vocación del ministerio en esa época para pagarles a los Greco, al contrario de lo que la ex ministra afirmó hasta ahora. De hecho, la AGN demuestra que hubiera sido imposible que la cúpula de Economía no conociera que se estaba pidiendo al Congreso la autorización para la emisión de bonos para cancelar la deuda con los Greco, habida cuenta de las advertencias que se hicieron en varias ocasiones desde la Dirección Nacional de Deuda Pública y que no fueron escuchadas por los funcionarios de Miceli.
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