Intentan que en 2009 haya quien controle el voto

La Cámara Nacional Electoral anunció ayer la creación de un Registro Público de Postulantes y Autoridades de Mesa, como un mecanismo «subsidiario y transitorio» del régimen de designación de autoridades por selección aleatoria. Un sistema que se encuentra en una situación crítica, como ha sido demostrado progresivamente en las últimas elecciones naciona-les y en la cantidad de denuncias de fraude que cada acto genera.
El Tribunal viene expresando su preocupación (especialmente en referencia a los comicios presidenciales de octubre de 2007) ante no sólo la falta de participación y responsabilidad cívica demostrada por los ciudadanos a la hora de participar en las elecciones, sino porque los números alarmantes de mesas que no podían abrir por ausencia de autoridades (50 por ciento aproximadamente) dieron pie a denuncias de fraude electoral de todos los sectores de la oposición ante el Tribunal. Especulación
Incluso se habló de la posibilidad de que estas ausencias no fueran casuales, sino parte de todo un sistema pensado por el oficialismo para manejar los comicios.
Tomando como base esta experiencia y pensando en las elecciones legislativas de 2009, los camaristas Rodolfo E. Munné, Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via dispusieron que, además del sistema de selección aleatoria de ciudadanos, seis meses antes de cada elección se abra este registro que funciona como complemento. En él se podrán inscribir únicamente graduados y estudiantes universitarios de instituciones nacionales, que no registren afiliación partidaria y no la hayan tenido en el acto electoral anterior. Los interesados podrán anotarse en las secretarías electorales o a través de Internet, y el listado estará abierto hasta 10 días antes de cada votación.
La medida puede parecer acotada y transitoria -como ellos mismos señalan-, pero puede llegar a ser una solución útil para recuperar el sistema electoral. En las provincias (sobre todo, en la de Buenos Aires), cuando no se presentan las autoridades designadas, cada intendente recurre al consejo escolar de su partido para suplir la falta con docentes. Esas estructuras son políticas, por lo tanto, su criterio de comportamiento durante los comicios está atravesado por otros inte-reses, más allá del «deber cívico».
Por eso, el registro creado por la Cámara propone a graduados y estudiantes sin filiación política para que reemplacen las ausencias o a quienes no estén «aptos» para ocupar ese cargo. El Tribunal además apunta a ellos porque, como señala el dictamen, son quienes han sido formados con los impuestos de todos los argentinos. Hay un acuerdo tácito entre los que han pasado por la educación pú-blica (sobre todo, superior) y la sociedad de devolver «en cómodas cuotas» la formación brindada, que se refleja a la hora de cumplir con estas responsabilidades cívicas. Pero nadie puede obligarlos, por eso el Tribunal apela a la «conciencia cívica» de estos graduados y estudiantes.
Hace años que el Tribunal Electoral trabaja para fortalecer los procesos de selección y nombramiento de las autoridades de mesa, preocupado por la merma progresiva de participación ciudadana en la elecciones.
Medidas
Frente a este panorama, la Cámara decidió tomar medidas, como clarificar la reglamentación y hacerla más accesible, crear programas de capacitación de autoridades de mesa y establecer que éstas deben ser comunicadas sobre su tarea 30 días antes del día de la votación.
El Tribunal también había señalado en el pasado que los medios alternativos de designación, propuestos por las Juntas Electorales, en muchos casos no estaban regulados. La creación de este registro señala una posible nueva dirección para empezar a combatir la fragmentación, desidia y falta de confiabilidad que atraviesa el sistema electoral argentino.