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Irán tiene un plan, dio a entender la Presidente (raro llamado a opositores)
El mensaje presidencial no desentonó con el clima acuerdista que pareció descender ayer sobre la ONU. Barack Obama hizo ante la asamblea una fuerte amenaza hacia el régimen de Mahmud Ahmadineyad: «El tiempo para la diplomacia no es ilimitado (...) y Estados Unidos hará lo que tenga que hacer para impedir que Irán obtenga un arma nuclear». El mandatario iraní, que también está en Nueva York, respondió, negociador: «Irán está dispuesto a reflexionar sobre su postura negativa hacia Estados Unidos y mejorar los contactos».
Es presumible que el Gobierno argentino haya recibido, además, la propuesta de algún camino para desbloquear la negativa iraní a dar la extradición de funcionarios y dirigentes del Gobierno de ese país que han sido imputados por la Justicia argentina de estar implicados en el atentado que produjo 85 muertos, más de 330 heridos y abrió una herida que no se ha cerrado por falta de esclarecimiento. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, está entre los reclamados por la Justicia argentina para ser juzgados por las atrocidades de 1994. Ese funcionario viajó el año pasado a Bolivia y su presencia en ese país motivó un incidente diplomático con la Argentina.
Que la Presidente le haya puesto tema a la reunión es algo que no figuraba en el Comunicado 302/12 que dio la Cancillería el jueves pasado. «Espero -dijo- resultados de esa reunión, resultados en la manifestación que ha hecho la República Islámica de Irán de querer cooperar y colaborar con el esclarecimiento del atentado», advirtió.
Que haya agregado que los resultados a los que se llegue en la cita entre Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi serán puestos a consideración de los partidos con representación legislativa en el Congreso argentino prepara el clima para que el tema atentado a la AMIA sea motivo de alguna noticia resonante en los próximos días.
Por lo delicado de la cuestión -un atentado abominable sin resolución y castigo después de 18 años de investigaciones y hasta juicios ya cerrados- es comprensible que los dos Gobiernos hayan mantenido el secreto sobre las negociaciones que puedan haberse hecho.
Recordó además la Presidente, en su exposición, que «en el año 2010 y en 2011, ante la falta de respuesta a ese pedido de colaboración y de cooperación» se ofreció como alternativa «la elección de común acuerdo de ambos países de un tercer país que garantice a las partes que todos van a poder acceder a la Justicia y por sobre todas las cosas que se va a conocer la verdad sobre este hecho tan terrible».
Esa posibilidad nunca avanzó y la iniciativa de hablar con Irán dividió posiciones en la Argentina. Las entidades principales de la comunidad judeo-argentina (AMIA y DAIA) habían rechazado la oportunidad y la utilidad de esa reunión, sobre la base de anteriores desaires de Teherán a los reclamos de extradiciones. Ayer, quizá después de algún contacto con el Gobierno que les habría posibilitado conocer algo de la propuesta iraní, los directores de DAIA y AMIA dijeron que ahora Irán permitirá que se presenten a la Justicia los imputados. Un grupo de familiares de las víctimas que integra el activista Sergio Burstein, en cambio, apoyó desde el jueves pasado la reunión, quizá conociendo detalles del trámite por su familiaridad con funcionarios del Gobierno. Ese grupo acompañó ayer a Cristina de Kirchner en su discurso en la ONU.
Que algo gordo se viene lo revela también que la Presidente, por primera vez desde que ocupa el cargo, nunca habló de consultar a los «líderes parlamentarios», como solía decir Eduardo Duhalde, copiando el léxico del Congreso de los EE.UU., en donde ese método suele ser usado por la rama ejecutiva del Gobierno ante temas importantes. La única vez que hizo un gesto en ese sentido fue cuando asumió el primer mandato en 2007 y llamó a una mesa para la reforma política que se frustró en pocas semanas. En aquel momento, el llamado fue limitado a satisfacer la voluntad de participar de la «oposición», pero no avanzó como ayer, cuando dijo: «Esta presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada sin consultar previamente con quienes han sido las víctimas directas y al mismo también con las fuerzas políticas con representación parlamentaria (sic; la Argentina no tiene Parlamento, tiene Congreso) en mi país». Agregó que «todos tienen la obligación de emitir opinión pública y fijar posición frente a situaciones de esta naturaleza».


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