24 de agosto 2010 - 00:00

Jaque va contra la Corte: evalúa ya juicio político

Celso Jaque
Celso Jaque
Mendoza - El conflicto entre dos de los poderes mendocinos amenaza con entrar en un nuevo y tenso capítulo si finalmente el gobernador justicialista Celso Jaque decide iniciar un juicio político contra jueces de la Corte Suprema de la provincia, en el marco de la disputa por aparentes irregularidades en la designación de magistrados.

Ayer, tras la reunión de gabinete, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, afirmó que le dijo a Jaque que halló «motivos suficientes para iniciar juicio político» a los ministros del principal tribunal provincial que firmaron una acordada que avaló nombramientos en juzgados que estaban vacantes desde hace años, los que posteriormente fueron cuestionados por el Ejecutivo porque no se realizó con acuerdo legislativo.

Entre los señalados se encuentra el presidente de la Corte cuyana, Alejandro Pérez Hualde, y los vocales Jorge Nanclares y Carlos Böhm.

Informe

«Elevé un informe preliminar al gobernador sobre la existencia de causal suficiente para iniciar juicio político a la Sala Administrativa y a los jueces que firmaron esta resolución», indicó Cazabán y argumentó que «luego de haber estudiado los hechos, el marco jurídico constitucional, la doctrina, la jurisprudencia y teniendo en cuenta opiniones de destacados juristas de Mendoza, existen motivos suficientes para iniciar juicio político por mal desempeño de sus funciones a Pérez Hualde y quienes acompañaron la firma de las acordadas».

Si bien la decisión de avanzar en el proceso judicial está en manos de Jaque -se espera que se defina mañana-, Cazabán adelantó que estima que el mandatario seguirá su recomendación porque, a su entender, «no hay razón que justifique que la Corte viole la ley».

Un escenario con ribetes similares se vivió en Chaco a fines de junio pasado cuando el gobernador Jorge Capitanich pidió la destitución del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, por considerar que su designación durante el Gobierno del radical Roy Nikisch habría sido violatoria de los mandatos constitucionales. Por el momento, solamente quedó formalizado el planteo, que deberá ser resuelto por un Superior Tribunal de Justicia ad hoc conformado con jueces y/o abogados de la matrícula. En ese caso se advierten demoras en el proceso por la conflictiva elección de quiénes van a tomar parte. Lo mismo podría ocurrir en Mendoza si repite el sendero chaqueño.

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