Cierre de FATE: una nueva audiencia, marcha a La Plata y definiciones judiciales mantienen vivo el conflicto

El sindicato denuncia que la empresa intenta retirar bienes de la planta cerrada y criminalizar la protesta gremial. El jueves llevará sus reclamos a la puerta del despacho de Kicillof.

El Sutna se movilizará este jueves hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Sutna

El conflicto por el cierre de FATE, el único fabricante de neumáticos para buses y camiones del país, atraviesa una nueva etapa de alta tensión política, judicial y laboral. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó para este martes a una nueva audiencia de conciliación con el objetivo de intentar acercar posiciones entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La convocatoria se produce al mismo tiempo que el sindicato denunció que tras el cierre de la planta de San Fernando, la empresa ahora intenta vaciar la fábrica mediante el retiro de maquinaria, insumos y otros bienes necesarios para mantenerla en producción.

En las publicaciones difundidas durante los últimos días en la cuenta oficial de Facebook del SUTNA, la organización sindical denunció un supuesto intento de "vaciamiento" de la fábrica y llamó a profundizar el plan de lucha para impedir que las instalaciones sean desmanteladas.

El gremio sostiene que la preservación de los activos resulta “indispensable” para garantizar una eventual reactivación de la producción.

La conducción encabezada por Alejandro Crespo también volvió a denunciar lo que define como un proceso de "criminalización de la protesta sindical". Según el sindicato, la empresa impulsa presentaciones judiciales contra trabajadores que permanecen dentro de la planta y procura convertir el conflicto laboral en una cuestión penal.

Desde el SUTNA sostienen que la permanencia en las instalaciones constituye una medida legítima de defensa de los puestos de trabajo y de resguardo del patrimonio productivo de la fábrica.

Reclamo político a Kicillof

En ese contexto, la organización convocó a una nueva movilización para este jueves hacia la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata.

El objetivo central será reclamar una audiencia con el gobernador Axel Kicillof, pedido que, según el sindicato, fue presentado hace aproximadamente cuatro meses sin haber obtenido respuesta oficial.

La movilización buscará instalar nuevamente el conflicto en la agenda política provincial y reclamar una participación más activa del Ejecutivo bonaerense frente al cierre de la empresa.

El reclamo hacia la administración provincial no es nuevo. Desde que el cierre de la planta fue anunciado y comenzaron las negociaciones en territorio bonaerense, el sindicato viene planteando que la Provincia debe asumir un rol más decidido para evitar la desaparición de una empresa que considera estratégica para la producción nacional de neumáticos.

Incluso, el SUTNA consiguió apoyo político de varias bancadas para impulsar en la Legislatura bonaerense un proyecto de ocupación temporaria que permitiría una intervención estatal orientada a preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo.

Sin embargo, desde el entorno del gobierno provincial las señales se fueron debilitando con el paso del tiempo. Funcionarios bonaerenses reconocieron la gravedad del conflicto, pero también advirtieron sobre las limitaciones jurídicas y presupuestarias para avanzar sobre una empresa privada.

Según esa posición, la Provincia puede actuar como instancia de mediación laboral, aunque entiende que las herramientas de fondo para resolver el conflicto corresponden principalmente al Gobierno nacional.

Otro intento de conciliación

Mientras tanto, la nueva audiencia de conciliación aparece como uno de los pocos canales institucionales todavía abiertos. Las reuniones anteriores finalizaron sin acuerdos sustanciales.

Con la nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la marcha prevista frente a la Casa de Gobierno y las resoluciones judiciales pendientes, el conflicto de FATE ingresa en una semana decisiva.

La empresa mantiene su postura respecto del cierre de la planta y cuestionó por la vía judicial la permanencia de trabajadores dentro del establecimiento. En tanto que el sindicato insiste en que la reapertura de la fábrica constituye el único camino aceptable para preservar el empleo.

La discusión también se trasladó plenamente al ámbito judicial. Una de las definiciones más esperadas corresponde al expediente vinculado con el pago de los salarios.

Semanas atrás, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo favorable al sindicato al reconocer la vigencia del acuerdo celebrado entre FATE y el SUTNA hasta el 30 de junio de 2026, criterio que obligó a la empresa a afrontar salarios adeudados y fortaleció la posición gremial.

Sin embargo, todavía restan nuevas resoluciones vinculadas con el efectivo cumplimiento de esas obligaciones económicas y con otros planteos derivados del cierre de la planta.

Hasta tanto esos planteos de fondo sean resueltos, la Cámara estableció que la empresa deberá seguir pagando los sueldos.

Un conflicto con repercusión nacional

Desde que comenzó la crisis, el conflicto fue modificando su eje. Inicialmente concentrado en la decisión empresarial de cerrar la planta y despedir a unos 920 trabajadores, con el paso de los meses una parte importante de los empleados aceptó acuerdos de desvinculación.

Según distintas estimaciones difundidas durante las negociaciones, actualmente permanecen alrededor de 250 trabajadores directamente involucrados en la disputa judicial y sindical.

El sindicato plantea que el caso excede el conflicto particular de una empresa y constituye un precedente para toda la industria manufacturera.

En sus comunicados sostiene que permitir el cierre definitivo de una planta de estas características implicaría consolidar un proceso de desindustrialización y pérdida de capacidades productivas nacionales.

Por esa razón continúa reclamando respaldo político de distintos sectores sindicales, legislativos y sociales para sostener el plan de lucha.