El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa en la que se investigan presuntos pagos irregulares al jefe de los servicios de inteligencia argentinos (AFI), Gustavo Arribas, le auguró poca vida a la denuncia presentada por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. El magistrado aclaró que a primera vista no podrá calificarse de "sobornos" esos pagos porque Arribas "no era funcionario público" al momento de efectivizarse, y de paso consideró que las causas por este tipo de delitos "tienen un problema probatorio complejo".
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
De todos modos, admitió que se podrá avanzar en la investigación por presunto "cohecho" en caso de comprobarse que Arribas "actuaba en favor de un funcionario público", en cuyo caso su rol sería el de "partícipe necesario". Para ese escenario, agregó, deberá probarse que la acción del ahora titular de la AFI, en 2013 tuvo incidencia para un "hacer o no hacer de un funcionario relacionado". Canicoba Corral, además, planteó como condición necesaria que el fiscal de la causa, Federico Delgado, resolviera impulsar la acción penal.
"No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque (la figura penal) es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito, si no es funcionario público", indicó el magistrado en diálogo con Radio Con Vos. Aclaró, en tanto, que la presentación de la denuncia por parte de Carrió lo encontró en el inicio de su licencia por vacaciones y que recién podrá interiorizarse una vez retornado a su juzgado.
La causa contra Arribas surgió de la revelación por parte del diario La Nación de cinco transferencias hechas en 2013 a su favor por un total de 594.518 dólares por Leonardo Meirelles, un operador de la constructora brasileña Odebrecht condenado por la Justicia de ese país por haber llevado adelante sobornos en varios países (el denominado caso "Lava Jato") y que se acogió al régimen de "delación premiada" para morigerar su pena. Sobre la base de esa investigación periodística la diputada Carrió presentó la semana pasada la denuncia que recayó en el juzgado de Canicoba Corral y en la fiscalía de Delgado.
Ante la imputación, el actual titular de la AFI admitió haber recibido sólo una de las transferencias, por 70 mil dólares, a la que relacionó con una supuesta operación inmobiliaria en Brasil. En esa línea, Arribas le hizo llegar este fin de semana al diario La Nación un correo de una ejecutiva de cuentas del banco Credit Suisse, de Suiza, que validaría esa versión.
El juez de la causa, de todos modos, admitió que "tiene un problema probatorio complejo" el delito que se le podría imputar a Arribas, incluso en caso de iniciarse una investigación en su contra a instancias del impulso del fiscal Delgado. Agregó que "hasta ahora no hay probada una relación espuria entre Arribas y un funcionario público". "En todo caso podemos pensar que Arribas era un prestanombre, un hombre de paja, en cuyo caso podríamos estar frente a un caso de cohecho".
En paralelo, la diputada Margarita Stolbizer, líder del GEN, protestó por la "falta de reacción" del Gobierno frente a las denuncias contra Arribas. "El caso es más grave que el de (el desplazado y repuesto en su cargo titular de la Aduana, Juan) Gómez Centurión. No hemos visto una reacción del Presidente, nadie habla del tema...", dijo la legisladora. Stolbizer volvió a pedir la remoción de Arribas y dijo además que "hubo aparentemente un ocultamiento de información" por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). Desde que se dio a conocer la imputación, la semana pasada, el Gobierno tuvo respuestas aisladas. El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que "por ahora" la causa es apenas "un cúmulo de insinuaciones", en tanto que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que al funcionario le cabe la presunción de inocencia.
Dejá tu comentario