Juez exige fondos para Riachuelo

La Justicia federal reclamó ayer que el Gobierno porteño disponga de los aportes para la Autoridad de la Cuenca Riachuelo (Acumar), ente que conforman el Estado nacional, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La decisión de los jueces se adoptó al rechazar un pedido de nulidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una resolución que lo obliga a disponer de los fondos para el saneamiento.

Se trata de la Justicia federal de Quilmes, a la cual la Corte Suprema delegó la facultad de hacer cumplir el fallo mediante el cual se impuso el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

El Gobierno de la Ciudad estudia si apelará, instancia que se dirige directamente a la Corte. Los funcionarios aclararon que están de acuerdo con las tareas que se realizarán, pero por «una cuestión de principios» argumentaron, no pueden permitir que un juez determine en qué gastar el presupuesto, sino que debe hacerlo la Legislatura porteña. De esa manera, el procurador de la ciudad, Pablo Tonelli, explicó que una vez que conozcan la decisión analizarán si se presenta una apelación a la Corte.

Alcance

La medida, que ratifica lo dispuesto por el máximo tribunal, también alcanza a los ministerios de Economía del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, que integran la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza.

La Ciudad ya había apelado la resolución que la obliga a disponer de una partida presupuestaria para cumplir con el fallo de la Corte. El máximo tribunal le encomendó al juzgado federal de Quilmes que centralice y controle todas las acciones legales referidas a la limpieza del curso de agua que había ordenado en el caso conocido como Mendoza, por el apellido de una de las demandantes contra los tres distritos de la cuenca y 44 empresas por la contaminación del Riachuelo. De ese modo, la decisión que adoptó, en julio pasado, el juez Luis Armella fue la de ordenar a cada ministerio de Economía «garantizar fondos» para el saneamiento de la cuenca y ordenó «dotar de los recursos humanos y materiales» para «todo lo referido al control industrial y la salud pública».

Pero el Gobierno porteño apeló considerando que la resolución fue dictada «con exceso de jurisdicción», contrariando la Ley 26.168, que creó Acumar, y normas constitucionales que establecen la autonomía de la Ciudad.

Sostuvo que la medida era «arbitraria» y solicitó su impugnación.