En un documento de 68 páginas, el tribunal negó un pedido del Gobierno de anular el bloqueo impuesto en febrero por un tribunal inferior y que se determine el inicio de aplicación de las medidas de protección a inmigrantes indocumentados para evitar su deportación. "Como el Gobierno difícilmente tendrá éxito en los méritos de su apelación, negamos el pedido" de levantamiento del bloqueo, determinaron los jueces del tribunal.
En febrero una corte del Estado de Texas había determinado la suspensión de la aplicación de las medidas migratorias, y alegó que el presidente Obama se excedió en sus funciones al ordenar iniciativas de alivio migratorio. Ese proceso había sido iniciado por un juez federal de la localidad de Browsville, en Texas, en representación de 26 Estados, que alegan un considerable aumento de gastos no previstos en sus presupuestos para aplicar las medidas migratorias.
Los gobiernos de esos 26 estados, además, consideran que las medidas de alivio migratorio representan una amnistía para extranjeros que permanecen ilegalmente en territorio estadounidense.
La prensa especializada especuló con que el Departamento de Justicia deberá decidir entre apelar la decisión de los jueces o acudir directamente a la Corte Suprema. Y esta pelea con la Justicia no es novedosa: la reforma sanitaria de Obama, una de las principales banderas del presidente demócrata, todavía tiene asuntos pendientes en los tribunales a pesar de haber sido aprobada en 2010.
Está claro que la nueva reyerta frenará la implementación de los decretos presidenciales, anunciados en noviembre del año pasado luego que el Partido Demócrata perdiera las elecciones de medio término y la mayoría en el Senado.
Estaba previsto que en febrero se abriera el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y en mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con permiso de residencia.
"No estamos de acuerdo con la decisión miope del tribunal y lamentamos la confusión, enojo y decepción que provocará entre millones de familias que ha pasado mucho tiempo de su vidas subyugados por leyes de inmigración injustas", dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).
Para Salas está claro que la demanda presentada por 26 estados contra los decretos migratorios de Obama está "políticamente motivada y fabricada para mantener a nuestra comunidad callada, asustada y confundida".
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA |
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