18 de junio 2013 - 11:00

La Corte falla hoy sobre elección del Consejo de la Magistratura

• Esperable: Gils Carbó apoyó la ley que suspendió Servini y llega al tribunal por el per saltum

Alejandra Gils Carbó, María Servini de Cubría, Jorge Di Lello
Alejandra Gils Carbó, María Servini de Cubría, Jorge Di Lello
Alejandra Gils Carbó dictaminó ayer en favor de la modalidad de elección de consejeros de la Magistratura que impulsa el oficialismo y allanó el camino para el fallo de la Corte Suprema de Justicia que tendrá lugar hoy. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales anoche se ajustaban los detalles finales de la resolución. Conversaciones de último momento favorecían a los ministros más críticos para con el kirchnerismo La procuradora general defendió la norma votada por el Congreso y señaló aspectos relacionados con el equilibrio dentro del cuerpo colegiado (organismo al cual criticó por su funcionamiento). Un trámite previsible pero que denotó el clima de tensión que existe entre Gils Carbó y el máximo tribunal.

El sábado pasado la Corte giró la causa a la procuradora luego de que los denunciantes -Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Partido Demócrata Cristiano- formularan sus descargos. Gils Carbó no recibió el expediente original sino una mera copia certificada. La procuradora acumula críticas de tinte administrativo en la Corte, especialmente por sus misivas a los justices abogando por el pago del Impuesto a las Ganancias para los jueces y fiscales. Esto fue percibido como una suerte de apuro en un tema que requiere estudio y consensos. Tampoco despierta simpatía su protagonismo en la agrupación Justicia Legítima, especialmente desde que en el máximo tribunal identificaran gestiones de los integrantes de dicha corriente para acceder a las nuevas instancias de Casación que constan en la reforma.

Tal como había adelantado este diario, Gils Carbó no dudó en señalar que el fallo de primera instancia de la jueza María Servini de Cubría carece de dictamen fiscal por el hecho de que Jorge Di Lello se excusó de pronunciarse. Di Lello había alegado que su pasado como alto directivo de la Asociación de Magistrados afectaba su carácter de imparcialidad (a esto se suma su amistad con Gregorio Corach, hombre de peso en el gremio de jueces y que integra el grupo de funcionarios que lideran el litigio contra la reforma).

Cuando Di Lello se excusó, Servini de Cubría recurrió al fiscal Carlos Rívolo pero éste tampoco tomó la posta ya que entendió que su actuación sería irregular. Ayer en la Corte se preguntaban por qué la procuradora general no designó a un fiscal para que resolviera la cuestión si era tan importante la participación del ministerio público.

"La elección popular prevista por la Ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático", expresó respecto del aumento del número de consejeros.

Una audacia del dictamen señalada por los secretarios letrados del máximo tribunal: en el mismo hay críticas al actual funcionamiento del Consejo en cuanto a temas operativos y de selección y remoción de jueces, comentarios que coinciden con un control absoluto del kirchnerismo en el cuerpo colegiado, ámbito donde estos controlan todas las comisiones y el gerenciamiento del mismo.

Se trata de un aspecto del dictamen que guarda similitudes con la idea de la Corte de que el Consejo se encuentra superado por la burocracia y la falta de gestión.

Comentarios más ásperos motivó el párrafo referido a la elección de los jueces: "La circunstancia de que la "lista" de candidatos sean vehiculizadas a través de agrupaciones políticas no implica que los candidatos sean partidarios, pues no se exige a aquellos afiliarse a un partido político ni desempeñar cargos partidarios. De este modo, ello no afecta la independencia de los jueces en su función de resolver los casos a su estudio".

En la Corte llama la atención la ausencia de menciones o puntos de vista sobre el financiamiento de los partidos y de las campañas por parte de actores privados, en especial si se considera que quien firma ha desarrollado gran parte de su carrera en el Poder Judicial investigando delitos económicos y por estos días anima múltiples foros donde cuestiona "lobbys oscuros" entre jueces y empresas.

Comentarios irónicos y hasta casi divertidos en un clima dominado por la solemnidad, muy similar al que tuviera lugar semanas atrás cuando la jefa de los fiscales dictaminó en favor de levantar un embargo a la petrolera Chevron por supuestos daños ambientales en Ecuador. La Corte, en esa ocasión acompañó, pero en el cuarto piso de la calle Talcahuano no dejaron de mencionar el giro circunstancial de quien suele embestir, en sus presentaciones públicas, contra las grandes corporaciones.

El dictamen era previsible ya que Gils Carbó fue una de las principales impulsoras en el ámbito judicial del paquete de leyes para la reforma. Organizó un encuentro de lanzamiento en la Biblioteca Nacional que tuvo lugar un día después de que Ricardo Lorenzetti inaugurará el año judicial.

Anoche, en los depachos del máximo tribunal, aumentaba el vértigo que antecede a una resolución inminente. El fallo ya está redactado y falta la rúbrica. Su confección quedó a cargo del mismo grupo de funcionarios que elogió, en diversas ocasiones, la calidad técnica de la sentencia de fondo de Servini de Cubría que declaró inconstitucional la reforma.

No es el dato más preocupante para los abogados del Estado: en las últimas horas los ministros más duros con el proyecto votado por el Congreso ganaron puntos sobre los "dialoguistas", especialmente en sepultar la idea de que una eventual elección de académicos podría entenderse como una nueva arista interpretativa para clarificar lo expresado en la reforma de 1994. Aún así, este último grupo de tres jueces, se guardará argumentos para el acuerdo de hoy. Sus motivaciones son más políticas que jurídicas ya que han optado por evitar un clima de confrontación con el Gobierno. Temen que una avanzada, o sea la continuación fáctica de las declaraciones vertidas en los últimos días por Cristina de Kirchner y Miguel Pichetto, derive en una salida apresurada de medio tribunal.

"Si quieren tirar la Corte a la basura que lo hagan, pero nosotros no vamos a terminar en el tacho", deslizaron los justices en sus últimos acuerdos.

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