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La denuncia de la Argentina llegó a La Haya
El documento enviado desde Buenos Aires fue presentado con el argumento de que los Estados Unidos ha "violado su obligación de respetar la soberanía de la República Argentina, en particular sus inmunidades soberanas". La Casa Rosada acusó a la primera potencia mundial de "aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado", y de "violar la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esa aceptación".
El Gobierno dijo que la responsabilidad de los Estados Unidos surge de la acción de su Poder Judicial a través de la adopción de decisiones que "vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa". La gestión de Cristina de Kirchner entiende que, según el derecho internacional, un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, por lo que la controversia de la deuda con los fondos especulativos se ha elevado a una disputa entre la Argentina y los Estados Unidos.
La Argentina sostuvo que somete esa disputa a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas para su resolución, dando la posibilidad al Gobierno de Barack Obama de dirimir esta controversia "de conformidad al derecho y a la Justicia". Ahora, la decisión de aceptar o no el juicio en La Haya queda en manos del país del norte, porque los Estados deben ponerse de acuerdo para dirimir allí cuestiones bilaterales, aunque la Argentina instó a que, en caso de no aceptar, indique un "medio de solución pacífica alternativo".
Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ya le habría comunicado extraoficialmente a la Embajada argentina en Washington que no aceptaría lidiar voluntariamente con el país en La Haya. Como reportó este diario a principios de julio, durante un encuentro de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), Kerry deslizó que la Argentina no podría llevar la resolución del caso a La Haya unilateralmente y que, según su interpretación de los estatutos de la Corte, sólo se pueden litigar en el tribunal cuestiones entre Estados, y no entre un país y un privado.

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