El diputado Carlos Sampaio y el senador Cássio Cunha Lima propusieron a su partido que durante la marcha opositora del 16 de agosto la consigna no sea el pedido de impeachment, sino un nuevo pleito en las urnas. "Estamos lanzando un movimiento para que la sociedad brasileña entienda que la mejor salida" para el conflicto institucional es que se repitan los comicios realizados en octubre del año pasado y que culminaron con un ajustado triunfo de la abanderada del Partido de los Trabajadores (PT) contra su rival tucano, Aécio Neves, sostuvo Cunha Lima, de acuerdo con el diario Estado do Sao Paulo.
Esta declaración se conoció horas después de que en la prensa local se afirmara que miembros del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y el PSDB habían acordado una hoja de ruta para aprobar el juicio político contra la mandataria, a más tarde este año. En caso de que el proceso sea fructífero, sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien el miércoles se definió a sí mismo como el político capaz de equilibrar nuevamente la política nacional.
Pero esa posibilidad es rechazada por el PSDB de Neves. "No será a través de un acuerdo político, de un entendimiento meramente entre partidos que encontraremos la solución a este conflicto", dijo Cunha Lima. "Precisamos de alguien que una la Nación y ese alguien sólo surgirá si es legitimado en las urnas, agregó Sampaio. La Cámara de Diputados de Brasil analiza 13 solicitudes de juicio de destitución contra Rousseff, que se suman a otras cuatro ya rechazadas este año.
Para que un juicio político sea viable, debe sortear un análisis técnico antes de pasar a nivel de comisiones y luego, eventualmente, sólo puede ser aprobado por una mayoría especial de dos tercios de los 513 diputados. En caso de atravesar esas instancias, llega al Senado, que se constituye en tribunal.
De la variedad de acusaciones, la mayor amenaza que enfrenta es una investigación basada en documentos del Tribunal de Cuentas, que busca determinar si el Gobierno utilizó recursos de la banca pública para pagar programas sociales, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Gobierno sostiene que esa práctica ha sido común en otras administraciones, pero el proceso en su contra tiene el apoyo de varios partidos de la oposición, que sospechan que las cuentas públicas fueron maquilladas.
Y por detrás está además la sombra del poderoso presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, en guerra abierta contra Rousseff. Cunha, un legislador ligado a la Iglesia Evangelista, saltó de la alianza gobernante a un rol de opositor y está empujando una agenda parlamentaria que llenó de derrotas al Gobierno desde que asumió el cargo en 2015 (ver nota aparte).
| Agencia AFP y Ámbito Financiero |
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