Lentitud judicial y violencia en cárceles

Damos aquí los principales párrafos del informe sobre derechos humanos que difundió anoche el Gobierno de los Estados Unidos referido a la Argentina.

La ley prevé sanciones penales para los funcionarios por corrupción; sin embargo, hubo frecuentes informes de prensa sobre que funcionarios ejecutivos participarían en prácticas corruptas, lo que sugiere una falta de aplicación de la ley de manera eficaz.

Según informes de prensa, la ministra de Salud impulsó mayor transparencia en la adquisición de productos farmacéuticos por parte del organismo responsable para suministrar los medicamentos a personas de la tercera edad ante casos de sobreprecios. En diciembre, un acuerdo de la empresa alemana Siemens identificó por sus iniciales y títulos a varios funcionarios de alto nivel en los gobiernos anteriores como de haber aceptado sobornos multimillonarios en la controvertida adquisición de un nuevo documento nacional de identidad.

Investigaciones llevadas a cabo por la ONG Poder Ciudadano y la Cámara Nacional Electoral en setiembre pasado citaron irregularidades en la financiación de las campañas de los candidatos presidenciales de 2007. Llegaron a la conclusión de que hubo irregularidades de algunos candidatos en los gastos de campaña, costos de la publicidad o donaciones anónimas, lo cual está prohibido por la ley. El informe de Poder Ciudadano también alegó que se usaron recursos públicos para promover la campaña de la presidente Cristina de Kirchner.

La ley prevé para todos los trabajadores, con la excepción del personal militar, el derecho a fundar y afiliarse en «sindicatos libres democráticos, reconocidos por la simple inscripción en un registro especial».

En noviembre, la Corte Suprema declaró que el artículo 41 de la ley de sindicatos era inconstitucional y confirmó el derecho de un sindicato de trabajadores públicos a su reconocimiento legal y a elegir a sus propios delegados. Además, afirmó que la discrecionalidad con la cual el Ministerio de Trabajo concede el reconocimiento oficial de los sindicatos viola tratados internacionales.

Si bien el Gobierno en general respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, se ha informado de estos problemas: asesinatos y uso excesivo de la fuerza por la Policía o las fuerzas de seguridad y carceleros; el abuso o presunta tortura de sospechosos y detenidos; el hacinamiento de presos que amenaza la vida en las cárceles. También ocasionales arrestos y detenciones arbitrarias; la detención preventiva prolongada. Casos de falta de independencia judicial, la corrupción oficial, la violencia doméstica contra la mujer, la trata de personas con fines sexuales y la explotación laboral y trabajo infantil, principalmente en el interior del país.

Durante el año, se ha condenado a autores de violaciones de los derechos humanos cometidas durante 1976-83, en causas que se suspendieron en 1989-90 cuando el Gobierno indultó a los autores. Hay 255 investigaciones judiciales en curso y un estimado de 508 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia (sic). De los acusados, 358 permanecían en prisión preventiva. Al menos 14 ex agentes de seguridad del Estado y sus aliados civiles fueron condenados por los delitos contra los derechos humanos, incluidos desapariciones forzadas y secuestros. A noviembre pasado, 32 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad desde el año 2003, 371 sospechosos permanecieron en prisión o detención, y 61 personas seguían prófugos de la Justicia. En marzo, un tribunal federal decidió que los crímenes cometidos por la Triple A fueron crímenes de lesa la humanidad y, por tanto, no sujetos a prescripción.

La prensa, la sociedad civil, académicos y juristas han expresado preocupación de que los esfuerzos del Gobierno para aplicar justicia para los delitos de derechos humanos cometidos durante la dictadura no incluyen a los grupos guerrilleros armados que también fueron acusados de cometer abusos durante el mismo período de tiempo.

Hubo denuncias de que algunos tribunales inferiores, los jueces federales, los jueces provinciales y el personal judicial son ineficientes y en ocasiones están sujetos a manipulación política. El sistema judicial se ve obstaculizado por demoras excesivas, obstáculos de procedimiento, cambios de jueces, la falta de apoyo administrativo y, en general, la ineficiencia causada por los restos de un sistema de Justicia penal inquisitivo.

En mayo pasado, el Congreso aprobó una ley que establece un sistema para nombrar jueces provisionales en respuesta a un pedido de la Corte Suprema de Justicia. Se ha expresado preocupación por la ley, que alienta las demoras en la selección de magistrados permanentes y aumenta el poder del Ejecutivo para designar jueces provisionales sin concurso público de antecedentes. Hubo algunas críticas en la prensa de que jueces subrogantes fueron objeto de manipulación política, debido al carácter temporal de su posición.

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa y el Gobierno generalmente respeta estos derechos en la práctica. Las personas pueden criticar al Gobierno públicamente, pero hay sanciones penales, incluidas las penas de prisión por difamación y calumnias, y los funcionarios han tratado de utilizar éstas en contra de los políticos de la oposición y de otros críticos. El Gobierno presionó con el delito de calumnia y difamación a Elisa Carrió, jefa de la oposición, quien había acusado a funcionarios de corrupción en 2004. En setiembre Carrió ganó un caso civil interpuesto por el hijo de un fallecido dirigente peronista a quien ella acusó de estar involucrado en corrupción oficial, asesinato y tráfico de drogas.

Los medios de comunicación independientes son numerosos y activos y expresan gran variedad de puntos de vista sin restricción. En agosto la señal de radio AM de radio Continental, que había sido crítica del Gobierno, presentó una denuncia ante el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) contra su decisión de suspender su emisión de FM.

Hubo actos de vandalismo y discriminación religiosa y a las minorías, en particular a los miembros de la comunidad judía. La Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) recibió aproximadamente 202 denuncias de actos antisemitas. El incidente que más se denunció fue la profanación de cementerios judíos, pintadas antisemitas, insultos verbales y otras formas de acoso. Raúl Arenas Vega fue sentenciado a nueve meses de prisión por el apaleamiento en 2006 de un judío ortodoxo adolescente en Buenos Aires.

Continuó la investigación del atentado a la sede argentina de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el cual murieron 85 personas. En mayo se acusó al ex presidente Carlos Menem, al ex juez federal Juan José Galeano y otros por su presunto papel en el encubrimiento y la protección de las personas implicadas en el ataque. Posteriormente, un juez federal, a raíz de las recomendaciones de la fiscal especial AMIA, dictó una orden internacional de embargo de bienes pertenecientes a ocho iraníes e Hizbulá para cubrir los daños reclamados por las víctimas contra los autores.