Levantaron actas de infracción a estaciones de la red Shell

Guillermo Moreno

Inspectores de la Secretaría de Comercio Interior labraron ayer alrededor de 5 actas de infracción en estaciones de servicio de la red Shell, por no haber cumplido la resolución 295 que obliga a retrotraer precios al 31 de julio. A partir de ayer, la empresa y el expendedor, en caso de ser independiente, tienen cinco días para presentar el descargo, y recién después, la dependencia de Guillermo Moreno podría aplicar una multa.

Por su parte, Shell informó que el miércoles presentó un recurso administrativo ante Comercio Interior cuestionando la norma, al mismo tiempo que solicitó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la 295, debido a «su ilegitimidad y a que contraviene el ordenamiento legal vigente en el sector, establecido por normas de mayor jerarquía». La petrolera añadió que debido al carácter urgente del requerimiento, espera tener hoy una resolución judicial, y a partir de esa decisión «adoptará las medidas que correspondan».

En su efecto inmediato, la resolución 295 afecta sólo a Shell porque es la única que subió los valores de los combustibles en agosto, pero también causa malestar en otras petroleras, en las cuales ayer empezó a temerse un congelamiento de precios hasta después de las elecciones presidenciales del año próximo.

Asimismo, si bien la norma está dirigida a las refinerías y a la distribución y comercialización de combustibles, las compañías que sólo se dedican a extraer petróleo también están preocupadas porque admiten que con los precios congelados al público, las refinadoras que compran crudo en el mercado interno no reconocerán un precio más alto para la materia prima.

Convicción

Entre las productoras hay una extendida convicción de que en el proceso de ajuste del último año y medio, las refinerías lograron una ventaja en cuanto a sus márgenes de ganancia, pero reconocen que será casi imposible seguir recomponiendo el precio interno del petróleo. Aun cuando éste subió ya en los últimos meses de u$s 47 a u$s 54 por barril, las empresas que extraen afirman que el proceso se quedó a mitad de camino, y que la expectativa era que se llegara a valores más cercanos a las cotizaciones internacionales (ayer u$s 75 para el crudo de más calidad).

Desde el punto de vista empresario, para que se recuperen los niveles de producción y ocupación y se sostengan los planes de inversión, debería haber un sistema que reconozca el precio internacional y también amortigüe las bajas y las subas bruscas que se producen en el mismo. Cuestionan también que la actividad privada está además condicionada por la aplicación de retenciones tanto para el crudo como para productos destilados.

En cuanto al amparo solicitado por Shell en la Justicia, aunque no trascendieron los términos, se supone que refiere a los decretos de desregulación petrolera de 1989, en particular el 1212, en cuanto establece que los precios del crudo se pactarán libremente (entre productoras y refinerías) y que quedarán liberados los valores de todos los derivados del petróleo en todas sus etapas. Se entiende que Shell -como dijo esta semana su presidente, Juan José Aranguren- insistirá además en que la Ley 20.680 de abastecimiento (a la que invoca la resolución 295) no está vigente porque fue derogada por leyes posteriores, y que además no existe una situación de emergencia en el mercado petrolero que justifique la aplicación de medidas extremas.