Lo que se viene

La votación ayer en el Senado del proyecto de ley que declara de «utilidad pública y sujeta a expropiación» a Aerolíneas Argentinas y Austral es sólo el comienzo del proceso que terminará con la transferencia de las acciones de ambas empresas a nombre del Estado nacional.
Siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Expropiaciones, el Poder Ejecutivo deberá ahora emitir un decreto disponiendo la expropiación de las dos líneas aéreas y sus empresas controladas.
Ese decreto dará lugar a la valuación definitiva del Tribunal de Tasaciones (que ya fijó un valor negativo de u$s 832 millones para las empresas), por lo que la oferta del Estado será simbólica.
Como Marsans ya anunció que no se aviene a la expropiación, es decir que no la acepta, el Estado deberá iniciar un juicio de expropiación, tal como lo instruye también la ley votada en el Congreso.
Pero el Grupo Air Comet-Marsans comunicó ayer, minutos después de la sanción de la Ley de Expropiación, que pedirá un arbitraje ante el CIADI (tribunal arbitral que depende del Banco Mundial), donde finalmente se dirimirá la cuestión y, si no hay acuerdo, iniciará una demanda contra el país.
Interinvest, accionista controlante de Aerolíneas Argentinas, indicó en un comunicado que «está en completo desacuerdo con la confiscación de las acciones de la compañía en dichas aerolíneas resuelta por el Congreso de la Nación Argentina».