Los principios están invertidos

Muchos creen que moral y ciencia van por separado y que por momentos habrá que optar entre el "bien" científico y el bien moral. Pero esta dicotomía es imposible. El universo tiene un ordenamiento natural dirigido al desarrollo de la vida: el sol sale todos los días brindando energía, etc. La ciencia es el estudio de ese orden y las aplicaciones que de él pueden derivarse. En tanto que la Moral son las reglas que debe seguir el hombre de modo de adecuarse a este ordenamiento.

Moral y ciencia, pues, estudian lo mismo y con el mismo sentido, de modo que deben coincidir. Otra cosa es que se utilicen inventos científicos inmoralmente, pero no puede haber contradicción cuando estudian lo mismo. Quienes pretenden que ciencia y moral van separados han hecho construcciones racionalistas -falsas hipótesis- con las que pretenden suplantar el orden espontáneo. Buscan, al fin de cuentas, justificar inmoralidades argumentando que tienen "respaldo" científico.

Pero vamos al tema. Aunque tengo mis dudas, según Porto y Di Giesa, el gasto público consolidado llegó en 2016 al 47,9% del PBI y 44,9% si se considera sólo el gasto primario, antes de los intereses de la deuda que suman una friolera equivalente a unos $300.000 millones anuales.

En 2016, el 52,9% del gasto primario fue a la producción de bienes públicos (infraestructura, defensa, justicia, seguridad, educación, salud, servicios urbanos), en tanto que el 47,1% se destinó a transferencias (jubilaciones y pensiones, planes sociales y subsidios). Por su lado, los fondos para obra pública sumarán $13.681 millones en 2018, 18% más que en 2017. Ahora, para 2019, se proyectan inversiones del Estado por $48.285 millones, un incremento de 253% respecto del período anterior. Y hay que sumar los contratos de participación público-privada (PPP), apalancados desde el Estado.

Así, en 2019 en Buenos Aires se refaccionarán juzgados, se construirán centros logísticos, obras en el Mercado Central, un muelle en Bahía Blanca y saneamientos cloacales, entre otras. Luego Mendoza construirá la represa hidroeléctrica Los Blancos, readecuará los túneles Cristo Redentor y Caracoles -inaugurado en 1909- para poner en marcha nuevamente el tren trasandino. Además de obras en Córdoba y Santa Fe, en la CABA, entre otras, se construirán la autopista del Paseo del Bajo, estaciones ferroviarias subterráneas, y se restaurará el Teatro Cervantes y el Congreso.

Así el director de Vialidad Nacional (que renunció a YPF al oponerse a su privatización cuando pasó a manos de Repsol) es un héroe para Macri, que cree que el país se reactiva con obra pública y crédito, al mejor estilo keynesiano, con lo que se justificaría sacrificar a los jubilados. Es verdad que los proyectos del Gobierno son el motor de la construcción que, a su vez, tiene gran influencia para que la economía "crezca" a un ritmo interanual del 3%. La actividad de la construcción se disparó un 16% interanual entre julio 2016 y julio 2017. Pero cuánto se perdió en el camino...

Las obras públicas -y los pagos de la deuda- no salen de la nada, son recursos retirados del sector privado eficiente para ser ineficientemente asignados por el Estado en obras que el mercado podría hacer y decidir si valen la pena. De modo que, por el contrario, la obra pública retrasa el crecimiento (aunque favorece los votos, claro).

Podría decirse que Macri cambia jubilados -y revueltas violentas- por obra pública e intereses de deuda. "Un pueblo que no cuida a sus abuelos no tiene futuro", ha dicho el Papa con razón, no sólo porque es justo devolverles lo que aportaron, sino porque desalienta a los actuales trabajadores y a la economía en general que no ven un futuro alentador.

De modo que lo económicamente conveniente es lo más moral: destinar a los jubilados los fondos de la obra pública que puede y debe ser realizada con toda libertad y compromiso por el mercado. Por cierto, a la larga el sistema previsional es insostenible, pero no basta con estos parches, hay que encarar una reforma de fondo empezando por no retirarles compulsivamente el dinero a los trabajadores, para aportes jubilatorios, que después el Gobierno destina para financiar lo que le viene bien, de acuerdo con su calendario electoral.



(*) Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.