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Marijuan pidió la indagatoria de Cristina por giros de Báez
Acusó a la exmandataria y al exministro Axel Kicillof de encubrimiento y omisión de denuncia. El juez sólo dará curso a entrecruzamiento telefónico.
Cristina de Kirchner
Pese a que los periodistas que realizaron el informe deslindaron la relación de la exmandataria con el dinero transferido ante la amenaza de una querella civil, el fiscal tomó esos elementos y amplió su requerimiento de instrucción solicitando una serie de medidas, entre ellas la prohibición de salida del país. El juez Sebastián Casanello sólo dará curso a entrecruzamientos telefónicos y a un pedido para que la Procuraduría Antilavado profundice informes. La presentación judicial por la omisión de haber denunciado los giros sospechosos en el exterior la hizo el actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, a partir de la información que envió años atrás el estudio Cleary Gottieb Steen & Hamilton LLP, el cual representaba a la Argentina ante la Justicia de Estados Unidos por el juicio de los holdouts. Entre esos avisos del estudio de abogados están los correos electrónicos del abogado Ezequiel Sánchez Herrera enviados al exsecretario secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Federico Thea. La información es sobre millonarias operaciones en dólares que se hicieron a través de decenas de bancos internacionales y que tenían como protagonistas a Lázaro Báez, Federico Elaskar, Jorge Chueco, Fabián Rossi y Ernesto Clarens. Todos son investigados por el tándem Marijuan-Casanello desde 2013. Según el informe, se movieron fondos entre los bancos por unos u$s492.580.542,38.
"Es evidente que tanto la Procuración del Tesoro de la Nación, como las autoridades del Ministerio de Economía y la expresidente no podían de modo alguno desconocer esa información", sostuvo Marijuan en su pedido de indagatoria. "En función de la alta gravedad y contundencia de la información recibida que revestía vital interés para el avance de una investigación judicial en curso, no podía ser ajena al conocimiento de la máxima autoridad del país, respecto de quien Angelina Abbona dependía directamente", expresó el fiscal sobre la exfuncionaria.
Por otra parte, el fiscal remarcó la "existencia de relaciones comerciales" entre Cristina de Kirchner y Báez "por ser copropietarios de distintos inmuebles" amén del fideicomiso firmado entre Néstor Kirchner y la empresa Austral Construcciones, esta última propiedad del empresario detenido. En ese sentido, también hizo referencia al alquiler de los hoteles de los Kirchner por parte de Báez y sus empresas. Cristina de Kirchner y "los funcionarios implicados debieron formular inexorable e ineludiblemente las presentaciones judiciales necesarias para investigar a todas y cada una de las personas que giraron dinero al exterior o lo movilizaron en millonarias cantidades", indicó.
Por ello los acusó de brindar "protección a las conductas ilícitas del empresario Báez, quien indudablemente era más que un simple conocido, al menos, para la ahora involucrada...". "Existieron evidencias de un manifiesto desvío de poder por parte de la primera mandataria y por debajo suyo en la cadena de responsabilidades así como también que la investigación al respecto estuvo a su alcance y que poseía información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo inmediato un curso de acción diferente con su ocultamiento", añadió.
Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) elabore un informe sobre las entidades bancarias del país que aparecen en las maniobras descritas. Casanello realizará un entrecruzamiento telefónico de los implicados, a través de distintas compañías de teléfono con los números que utilizaba Abbona, su segundo, Horacio Diez; y de Federico Thea, exsecretario Legal y Técnico.


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