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Negocia Piñera liberar a 10.000 presos
Sebastián Piñera
La iniciativa, que cobró fuerza después de que 81 presos murieran quemados en un penal en diciembre, busca resolver el hacinamiento que sufren los reclusos, calificado de inhumano por la Corte Suprema.
El acuerdo, que la Iglesia Católica pidió sin éxito a mediados de 2010, está cruzado también por la posibilidad de que los beneficios alcancen también a violadores de derechos humanos de la dictadura.
Actualmente, unos 65 militares y civiles cumplen pena efectiva en cárceles militares por crímenes de lesa humanidad, aunque otros 700 están procesados, según cifras oficiales.
La opción de un indulto a exmilitares, planteada en medio del debate por el diputado oficialista Alberto Cardemil, exviceministro del régimen militar, es rechazada por el centroizquierda opositor, que gobernó el país durante dos décadas hasta 2010. La Iglesia Católica había sugerido la posibilidad de indultar a militares sin hacer mención explícita a ningún nombre en particular, pero Piñera resistió presiones del sector más vinculado al pinochetismo de la alianza gobernante y rechazó la iniciativa.
En ese marco, monseñor Ricardo Ezzati, quien asumió roles mediadores en diferentes conflictos sociales los últimos meses, destacó la necesidad de encontrar una salida al problema carcelario. «Nos interesa que si planteamos un problema, realmente pueda ser considerado para que desde la perspectiva propia del Gobierno se busquen las medidas para ir al encuentro de esa realidad», sostuvo.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, descartó que el plan debilite la lucha contra la delincuencia, promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera, en gira por España.
«Ninguna de las medidas que nuestro Gobierno va a anunciar tiene que ver con debilitar el combate contra la delincuencia», aseguró Hinzpeter.
«La verdad es que es un conjunto de medidas que tiene que ver más con el hacinamiento y el uso racional de la cárcel para combatir mejor la delincuencia», agregó.
Desde la oposición, el senador socialista Fulvio Rossi fustigó que recién ahora, a su juicio, el Gobierno comprendiera el problema y culpó a la derecha del hacinamiento en las cárceles.
«La culpa es del discurso político y de las campañas populistas de este Gobierno de derecha, que decía tolerancia cero... pero se dieron cuenta de que no era coherente», afirmó.
La crisis carcelaria, evidenciada por la muerte de 81 internos en un incendio en diciembre, descabezó ya a la jefatura de la policía de prisiones y motivó diversos motines.
El Gobierno, en medio de críticas de la oposición, propuso un plan de 11 puntos para mejorar la situación penal, con una inversión de 460 millones de dólares.
Chile, con 318 presos por 100.000 habitantes, es el país con la mayor tasa de reos en Latinoamérica. En total, hay 55.000 presos en el país, un 50% más que hace diez años, muchos de los cuales habitan cárceles privatizadas, precisamente durante Gobiernos de la Concertación.
Otras 50.000 personas cumplen penas alternativas o con sistemas de reclusión parcial, según cifras oficiales.
El incremento obedece al paso de un sistema penal escrito a otro oral, hace diez años, que aceleró juicios, en medio de un clima político favorable a endurecimientos de las sanciones.
Agencia DPA y Ámbito Financiero
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