No existe kirchnerismo de buenos modales

"No es verdad que se puede hacer lo mismo, pero de otra manera". Con esta frase, el vicepresidente de la Nación pretendió recientemente desenmascarar a quienes proponen el "kirchnerismo de buenos modales", identificado por buena parte de la población y la clase política como lo realizado durante la presidencia de Néstor Kirchner y hasta el conflicto con el campo por las retenciones móviles en el año 2008.

Si bien las definiciones económicas de los funcionarios de este Gobierno a menudo son cuestionables y engañosas, debe convenirse que esta vez no podría ser más cierta: hay varios motivos por los cuales, en materia económica, no hay otra forma de hacer lo que se hizo durante la última década en la Argentina. Por un lado, según ya ha sido notado por otros economistas, hay una imposibilidad derivada de que las condiciones iniciales y externas que gozó el Gobierno de Kirchner son irrepetibles: hubo una fuerte devaluación previa (incluido el default de la deuda pública y una fuerte contracción de la demanda de dinero), una muy elevada capacidad ociosa luego de la contracción de la demanda doméstica durante la crisis de 2001-2002, un crecimiento inédito (en dólares) del principal socio comercial (Brasil), bajísimas tasas de interés internacionales, precios récord de los commodities exportables por surgimiento de China, etcétera.

Pero por otro lado, tampoco es posible que exista un kirchnerismo de buenos modales de manera permanente, y en particular en el actual contexto interno e internacional en que se encuentra el país, debido a las características intrínsecas de la política económica K, reconocibles en las tres fases salientes del "Nunca Menos" observadas desde 2003 hasta aquí:

En primer lugar, el Gobierno se concentró en expandir la demanda doméstica, incrementando fuertemente el gasto público (de la mano de la mayor recaudación de impuestos -ordinarios, extraordinarios, sobre ganancias ficticias, etc.) y monetizando la economía ante la recuperación de la demanda de dinero, pero también congelando o imponiendo topes máximos a precios de bienes y servicios (primero los servicios públicos y la energía, y luego distintos alimentos) y dejando que se aprecie el dólar como forma de atenuar las presiones inflacionarias;

En segundo lugar, cuando los recursos fiscales comenzaron a resultar insuficientes (para mantener el ritmo de expansión del gasto público) y las presiones inflacionarias se acumularon, debió tomar medidas adicionales, difícilmente calificadas como buenos modales: aplicación de retenciones móviles (fallidas en el caso de la soja, pero aún vigentes en distintos derivados de hidrocarburos -GLP, gasolina natural, etc.-), intervención del INDEC para falsear las estadísticas públicas, confiscación de los ahorros previsionales administrados por las ex AFJP, etcétera;

Y en tercer lugar, cuando tales intervenciones en la economía demostraron su inconsistencia y comenzaron a ahuyentar inversiones y divisas (déficit comercial de la balanza energética y subsidios explosivos a servicios públicos cada vez más deficientes mediante), decidió resolver los problemas por medio de medidas de distracción (expropiación de YPF) e imponiendo restricciones cuantitativas (compra de dólares, giros de dividendos al exterior) y nuevos y crecientes controles de precios (cada vez más generalizados), cercenando cada vez más las libertades económicas.

Así, dentro de un proceso aparentemente cada vez más irracional y cortoplacista, es claro que cada una de estas fases resulta de las anteriores. No hay forma de que la política económica insosteniblemente expansiva llevada a cabo en la primera fase (exacerbando el crecimiento de la demanda doméstica por medio de la permanente y creciente distorsión y ocultamiento de costos) no hubiera derivado en la segunda y luego en la tercera -con modales cada vez peores-, salvo que hubiera mediado una reformulación fundamental, esto es, la adopción de modales antagónicos con el discurso y la práctica política y económica K (incluyendo sincerar las tarifas de los servicios públicos, regular la economía sobre la base de reglas claras y sin intervenciones discrecionales del Estado, contener el gasto público en niveles razonables, etc.).

En otras palabras, todas las fases del kirchnerismo conforman una misma política económica, oportunista y cortoplacista, cuyo éxito inicial y su extensa duración fueron producto de las condiciones excepcionales de inicio y de la necesaria profundización hacia restricciones, primero de precios y luego cuantitativas, que exigen mayores restricciones a medida que se profundizan los desequilibrios. Puede convenirse que la exteriorización de esa política es cada vez más grotesca y luce menos profesional, pero ello fundamentalmente se debe a que tal "profundización" no era necesaria cuando, debido al punto de partida y el contexto crecientemente favorable en ese entonces, había recursos fiscales en franca recomposición, era más fácil confiscar cuasi rentas privadas, y se mantenía latente la ambigüedad de que en algún momento -una vez que la crisis quedara definitivamente atrás- el Gobierno enfrentaría los problemas que se iban barriendo debajo de la alfombra.

Claro que el país tiene una salida, con una política económica de buenos modales, pero no parece que ésta pueda ser puesta en práctica por el actual Gobierno ni por quienes, desde la oposición, no reconozcan qué es posible y qué no lo es en la Argentina post-K, haciendo esfuerzos por disimular el profundo daño del cual habrá que recuperarse, no sin esfuerzo, en los años por venir. No parece muy atractivo políticamente plantear a los votantes la dura realidad del final de la fiesta, pero alguien deberá hacerlo antes de comenzar a mejorar.