Sin arrepentidos, avanza el tramo local de la investigación por el “Lava Jato”. El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido por el supuesto cobro de sobornos por una licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA, adjudicadas a la firma Odebrecht, entre otras, y al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como supuesto intermediario.
De Vido, "Corcho" Rodríguez, Wagner, Roggio y Tito Biagini, procesados por Odebrecht
Capítulo local de "Lava Jato": Casanello procesó por cohecho también a José López y otros exfuncionarios. Solicita extradición de 9 brasileños.
El magistrado también procesó por cohecho pasivo a los detenidos Roberto Baratta, exsecretario de coordinación, y a José López, exsecretario de Obras Públicas, además de los exfuncionarios de AySA Carlos Ben y Raúl Binacuzzo. El magistrado entendió que los funcionarios recibieron coimas de parte de los empresarios que realizaron las obras, quienes ya habían sido procesados por defraudación y a partir de ayer quedaron procesados también por cohecho activo.
La licitación para realizar la planta Paraná de las Palmas fue ganada por una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por la brasileña Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
La licitación de la obra del Bicentenario fue ganada por la firma brasileña Camargo Correa, que conformó una UTE con la argentina Esuco SA, cuyos directivos también fueron procesados.
El “Corcho” Rodríguez, en tanto, fue procesado como partícipe necesario de las maniobras de pagos de coimas que habría efectuado Odebrecht hacia los funcionarios del Gobierno anterior.
Además de Rodríguez, el magistrado procesó como intermediarios en la recepción de pago de sobornos a contadores argentinos y a tres profesionales uruguayos que participaron de la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA, una sociedad offshore radicada en Montevideo, que recibía transferencias de Odebrecht.
El juez procesó, bajo la acusación de haber pagado sobornos, a los empresarios Carlos Wagner (Esuco SA), Aldo Roggio (Benito Roggio) y Tito Biagini (Cartellone) y solicitó la extradición de nueve ejecutivos de brasileños de Odebrecht y Camargo Correa.
En esta causa, Casanello ya había procesado a los exfuncionarios de AySA y a los empresarios que ganaron licitaciones de grandes obras supuestamente direccionadas, por defraudación. Ese tramo aún no había detectado que hubiese sobornos.
Pero para el juez Casanello, las licitaciones fueron direccionadas en favor de las dos UTE que ya estaban seleccionadas desde antes de la adjudicación de las obras, y se desnaturalizó el proceso de selección que tiene por objetivo elevar los niveles de transparencia y conseguir mejores precios.
En la investigación se determinó también que el Estado realizó concesiones a las empresas que terminaron por perjudicar las arcas públicas: los presupuestos y los plazos de las obras se duplicaron.
Por otra parte, también solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileros de Odebrecht y Camargo Correa, sospechados de haber intervenido en las contrataciones: Sergio Gouvea Pinheiro, Aurelio Gomes Leo, Allan Nogueira de Abrantes, Petronio Peres Cordeiro, Luís José Bartolomeu y Rodney Rodrigues de Carvalho. En el mismo fallo, Casanello también solicitó al Ministerio Público Fiscal que avance con las negociaciones para obtener las declaraciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht, luego de que el acuerdo de colaboración quedara empantanado.
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