Paz final entre la Anses y Siderar

El conflicto entre el Gobierno y el Grupo Techint quedó ayer definitivamente olvidado, al menos por un largo tiempo. «Hacia delante, nos quedan cuatro años de trabajo», se entusiasmaba ante este diario una alta fuente oficial. Para que no queden dudas, la asamblea extraordinaria de Siderar aprobó ayer por «unanimidad» todo lo que la dirección de la siderúrgica propuso, incluyendo los pagos de dividendos, las aperturas de capital y el lanzamiento de nuevas acciones. Ayer, pasadas las 12, todos los directores, los que representan a la empresa de la familia Rocca y los que remiten a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), votaron a favor de todas estas disposiciones, incluyendo de ambos lados discursos voluntariosos sobre todo lo que se hará hacia delante.

Los directores del organismo que maneja Diego Bossio (Axel Kicillof, Damián Camacho y Francisco Cudos) hablaron de productividad, inversiones, crecimiento y distribución de la riqueza, en sintonía con los representantes de los privados. Sólo hubo una breve negociación previa. Uno de los directores de la ANSES habló con un director representante de Ternium (del grupo Techint y controlante de Siderar) para que de ninguna manera haya ahora demanda de dólares con el dinero redistribuido ayer.

La asamblea, en general, votó todo lo que propuso la conducción de Siderar. La primera decisión aprobada fue desafectar de las reservas de la empresa para el pago de futuros dividendos unos $ 4.169.625.252 para distribuir entre los accionistas. Se pagarán además doce acciones nuevas por cada una en circulación. También se aprobó el aumento de capital social a unos $ 4.517.094.023 y se solicitará la autorización para realizar una oferta pública y cotización de las nuevas acciones liberadas.

Según el balance de la compañía, correspondiente al segundo trimestre del año, Siderar tiene un capital suscripto de $ 347,4 millones con un total de 347.468.771 acciones de clase A. El patrimonio neto de la siderúrgica es al 30 de junio pasado de $ 11.479,8 millones.

Las decisiones fueron a la tarde derivadas a la Bolsa, donde a través de un comunicado firmado por el responsable de Relaciones con el Mercado de Siderar, Guillermo Etchepareborda, se explicaron numéricamente los acuerdos tomados por «unanimidad».

Luego de la estatización de las AFJP, la situación accionaria de la empresa terminó con un 60,9% de las acciones en manos de Ternium (Grupo Techint), con el Estado nacional como segundo accionista. Luego de la estatización de las AFJP, el Estado nombró a Aldo Ferrer, hoy embajador en Francia. Sin embargo, desde principios de este año el Gobierno reclamó la apertura total de los sillones de directores, ampliando la representación a tres. Luego de un largo conflicto (que incluyó presentaciones judiciales cruzadas), la empresa aceptó el 22 de julio pasado la designación de Kicillof, Camacho y Cudos como representantes del Estado.

El conflicto fue disminuyendo a medida que el Gobierno aceptó comenzar a negociar con la empresa, y viceversa. La sensación, luego confirmada, de que habría una victoria del oficialismo en las elecciones presidenciales y la intención del kirchnerismo de comenzar a recomponer relaciones con el principal grupo industrial del país hicieron que las conversaciones se retomaran cerca de mayo y que para julio pasado la situación se normalizara. Las intervenciones cruzadas de los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido, hicieron que las partes llegaran a un acuerdo básico. La empresa no pondría más reparos en que ingresen tres directores (de todas maneras mantendría la mayoría de los votos), incluyendo a Kicillof, cuestionado en un principio. El Gobierno avalaría cierto volumen de distribución de dividendos, a cambio de una propuesta clara de reinversión de la compañía en la ampliación de los activos de capital. Esto último, en parte, es lo que se aprobó ayer.

El Gobierno fue en realidad el que dio el primer paso en el acuerdo con Techint. El 18 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dejó sin efecto cualquier tipo de sanción monetaria contra la empresa en su cotización bursátil, y sólo «apercibió» a la compañía a no volver a impedir el ingreso de los directores designados por el Estado.