Piden sobreseimiento de Cristina por veda

El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó ayer el sobreseimiento de la presidente Cristina de Kirchner, por la causa en la que se investiga su supuesta participación en actos electorales durante la veda de las últimas elecciones de junio de 2009.

El dictamen fue elevado a la jueza federal con competencia Electoral, María Servini de Cubría, a quien le pidió que adopte «un criterio liberatorio» para hacer lugar al sobreseimiento de la Presidente.

Di Lello argumentó que «ni la presencia de la señora Presidenta en la inauguración de las obras las transformaba en públicas ni las características de la dirección y ejecución de aquéllas estaban dentro del ejido de la administración, como para avizorar que podría existir de antemano una finalidad electoralista».

Luego de analizar informes de Presidencia de la Nación y de las empresas organizadoras de esos actos, el fiscal consideró que fueron emprendimientos «privados», incluso que ninguno de ellos «fue organizado por un organismo o ente estatal». Para el fiscal, los actos investigados se realizaron «sin que se vieran involucrados bienes o decisiones estatales que pudieran comprometer o tener una finalidad electoralista».

Por otro lado, el fiscal destacó que «las obras inauguradas tenían indefectiblemente una proyección o beneficio para algunos usuarios, y la actividad presidencial no estuvo orientada a darle un carácter institucional, ya que, como se acreditó, pertenecían al ámbito privado».

La causa se había iniciado a raíz de una serie de actos e inauguraciones que Cristina de Kirchner encabezó en el conurbano bonaerense, en la semana previa a los comicios en los que su marido se candidateó como primer diputado nacional para ese provincia por el Frente para la Victoria. Según el Código Electoral, la veda previa a las elecciones prohíbe «la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo». Por eso, el dictamen del fiscal enfatizó el carácter «privado» de esos actos.

Servini de Cubría deberá definir ahora si sigue el criterio del fiscal y despeja así una de las tantas causas electorales abiertas que tramitan en su juzgado y que deben ser resueltas antes de los próximos comicios. La más espinosa de todas ellas es, sin duda, las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencia de Cristina de Kirchner y Julio Cobos de 2007, repleta de aporte de droguerías investigadas por la Justicia.