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Plan edilicio reactiva puja por atribuciones de jueces porteños
El edificio de la esquina de Diagonal Sur y Bolívar, sobre la Plaza de Mayo, exsede de la empresa Siemens, recibirá este año al Consejo de la Magistratura porteño.
El Consejo porteño despidió 2012 con la novedad de la adquisición de un edificio sobre Plaza de Mayo que fue ocupado durante años por la empresa Siemens. La intención es trasladar allí todas las dependencias del Poder Judicial que no incluyan los juzgados ni las fiscalías. La mudanza, desde la sede actual en un edificio sobre avenida Alem al 900, se haría antes del mes de julio, cuando se debe renovar el contrato.
En la presentación del Presupuesto para 2013, el titular del Consejo, Juan Manuel Olmos, sostuvo la necesidad de la Justicia porteña de no pagar más alquileres y adelantó la intención de impul-sar un distrito judicial donde se mudarían juzgados y fiscalías.
Si bien Olmos se identifica con el kirchnerismo, ha logrado distintos acuerdos con el macrismo (especialmente en lo referido a los concursos para juzgados vacantes) y éste podría ser un nuevo terreno común.
Al momento de discutir la inversión en el plenario del Consejo el PRO apoyaría la propuesta, ya que entiende el avance en infraestructura como un nuevo atajo hacia el anhelo de que las competencias de la Justicia ordinaria pasen definitivamente a la órbita de la Ciudad. Por eso, no se esperan largas discusiones en ese terreno.
Recursos
En los últimos años, los dos fueros porteños -Contravencional Penal y de Faltas y Contencioso Administrativo- han acumulado nuevas atribuciones provenientes de los fueros penales y civiles.
En el macrismo, al igual que en el caso de la Policía, pretenden que esta transferencia se realice con los recursos necesarios, lo cual hasta el momento no ha sido un impedimento, ya que el año pasado se pusieron en marcha nuevos juzgados y salas de cámara. Ahora confían en que las mejoras en la planificación edilicia les brinden nuevos argumentos para reactivar el reclamo. Algo similar a lo que ocurre, en la Legislatura, con el impulso de una nueva ley de honorarios para los abogados que pide el Colegio Público de la Capital Federal.


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